En medio de tanta crisis que ha dejado la pandemia debemos sumar una que ha salido a la luz en estos primeros meses del año 2021; se trata de los intereses de unos particulares que si bien tienen derecho a ganarse la vida, también tienen una obligación con la sociedad y con la comunidad que los rodea. Se trata nada más y nada menos que los colegios privados que ante la deserción escolar que ha causado esta pandemia y algunas cuentas por cobrar, muchos han decidido no permitir la matrícula de sus estudiantes por el antecedente financiero; aquí viene la pregunta ¿es más importante el dinero que un derecho constitucional? El artículo 27 y el artículo 67 de la CPC, hablan sobre este derecho como una función social, que busca el acceso al conocimiento, la ciencia y la técnica ente otros; sin embargo el estado ha promovido y protegido a los colegios privados con una independencia de las normas generales que les permite hacer lo que a ellos mejor les parezca. Algunas instituciones fueron más conscientes de la situación económica de muchos padres de familia y tuvieron la gentileza de reducir sus costos académicos durante la vigencia 2020 y congelar sus valores para el 2021, actuando de alguna manera con la corresponsabilidad que trata la ley de infancia y adolescencia; otros simplemente olvidaron todo y pensaron en sus bolsillos, no tuvieron en cuenta la disminución de algunos costos fijos como era el caso de los servicios públicos; no tuvieron en cuenta que el gobierno abrió líneas de apoyo para subsidiar la nómina de sus trabajadores. A mi parecer el Gobierno Nacional en cabeza de su Ministerio de Educación, dejo a la deriva situaciones de índole económico y administrativo como las que se vivieron en innumerables colegios privados, fue una situación más que saco a la luz la pobreza oculta de muchas familias en nuestro país; si bien es cierto que el gobierno abrió unas líneas de crédito educativo para mitigar la crisis generada en muchas familias, algunas instituciones no se tomaron el tiempo para dar la información y postular a sus estudiantes lo que hubiera evitado la frustración de padres y alumnos, evitando así que los padres de familia en diciembre, enero o incluso febrero estén buscando cupo en otro colegio privado o incluso para algunos casos en un colegio Distrital cuando ya los plazos han finalizado. Así las cosas nos espera un año más con un sistema de educación particular donde tenemos algunas variables que podrían demostrar lo siguiente: una deserción nunca antes vista, una educación de calidad por ser casi personalizada (en el caso de los privados), o una terrible calificación de nuestro sistema educativo por tener en el sistema público una cantidad de niños matriculados para garantizarles el derecho; a través de una pantalla y unas guías que desarrollan en la mayoría de casos los padres o acudientes. La pregunta que les dejo, ¿tendrá el gobierno la capacidad de cambiar un sistema que fue vulnerado por una pandemia?
