En reunión de la asociación de usuarios del Instituto Nacional de Cancerología INC, el pasado 4 de agosto de 2.021, se denunció la actitud irracional, inconsulta y atentatoria contra la salud de los usuarios de la EPS del distrito, Capital Salud.
De unos días para acá, los funcionaros de Capital Salud, no se sabe por orden de quién, han empezado a sonsacar a los pacientes, que hasta ese momento han sido atendidos por el INC, para enviarlos a una IPS privada de nombre ONCOLIFE, que, según las denuncias de los pacientes trasladados, no cumpliría con la experiencia, atención, equipos ni profesionales que han caracterizado al INC durante mucho tiempo. Utilizan comunicados, llamadas telefónicas y mensajes de texto para decirles a los pacientes que han sido trasladados.
Cuando el paciente se acerca a Capital Salud a saber el porqué de la decisión, los funcionarios afirman que es una directriz de la EPS, sin aclarar quien dio la orden, y como consecuencia les dan un código de cita de primera vez para ONCOLIFE, negándose a cambiarlo como cita de control en el INC, ya que convierten en una obligatoriedad empezar el tratamiento allá. No importa el tiempo que lleve la persona siendo atendida en el INC, ni la gravedad de su estado, ni la garantía de tratamiento, solo importa trasladarlo a ONCOLIFE. Los pacientes quieren su continuidad en el Instituto por la tranquilidad que les da. Todos los usuarios resaltan la atención de las personas del instituto: “desde la persona que está en la portería, hasta el doctor con el más alto rango, tienen esa calidad humana para atender a los pacientes”, apuntó la familiar de una paciente.
Es un derecho de los pacientes decidir si se quedan en el INC o cambian para otra IPS con las que tiene contrato Capital Salud y no obligarlos abierta o veladamente, salvo que ofrezcan iguales o mejores servicios, conforme a las leyes y sentencias de la Corte Constitucional.
Por su parte el senador Alberto Castilla, del Polo Democrático, hizo una intervención en la comisión séptima, el 11 de agosto del presente año, en la que llama la atención por la falta de financiación del INC, que le faltan 38 mil millones de pesos, para cubrir el valor del refuerzo estructural para el edificio donde funciona y para la investigación que caracteriza al instituto. Textualmente dijo: “De manera que lo que presenta el informe para 2.022 es que continúa arrastrando el déficit para la inversión. Los treinta y ocho mil millones de pesos que están faltando son supremamente importantes para el instituto. Yo no sé si un instituto que se encarga de hacer estudio y seguimiento a la segunda y como decía la señora Mida, con tendencia quizá a ser la primera causa de muerte en el país, el cáncer se siga negando la posibilidad de tener inversión, de tener unos recursos disponibles para adelantar en los rubros que se requieren. Yo llevo ya por lo menos, con esta, unas dos veces que le escuchaba a la doctora Carolina, sobre la necesidad de reforzar la estructura del edificio donde funciona el Instituto. Efectivamente, de ochenta y siete años de existencia, en la sustentación anterior se volvió y se planteó, creo eso es necesario. Y que se ha venido advirtiendo de la necesidad del refuerzo estructural de la edificación. Y si no hay ahora treinta y ocho mil millones de pesos que ha venido solicitando la doctora para hacer el reforzamiento, pues yo creo que va a ser muy difícil que se le asignen mayores cantidades para construcción nueva. Por lo tanto, creo que es importante insistir en la necesidad del reforzamiento. Pero no puede el país negarse a fortalecer la tecnología biomédica y esos treinta y ocho mil millones de pesos, como lo ha planteado la doctora Carolina, están encaminados precisamente a tener mayores posibilidades de resolver y de tener desarrollos en investigación y avances científicos en materia de lo que es la primera y aplicada y es la implementación del Plan Decenal de Salud Pública para el control del cáncer”.
Son dos situaciones con un solo denominador común, entregarle el “negocio” del cáncer a unos operadores privados. El INC atiende a miles de pacientes y eso es un gran botín para los negociantes de la salud.
Capital Salud, EPS estatal de Bogotá, por un lado, le quita pacientes y por el otro lado la nación le cierra posibilidades al Instituto al no darle el dinero necesario para investigación y el refuerzo estructural. Esta situación sugiere muchas preguntas: ¿Qué papel están jugando Claudia López y el Secretario de Salud de Bogotá en esa intención de marchitar el INC? ¿Le están colaborando a Iván Duque, Cambio Radical y los grupos económicos Ardila Lulle y Sarmiento Angulo, propietarios de sendos centros de cáncer?
Recordemos el texto de reforma a la salud, que se cayó por la presión social, en lo que tiene que ver con el Instituto Nacional de Cancerología:
Quieren acabarlo a como dé lugar, prima más el negocio que la salud. Una institución pública con 87 años de un gran servicio a los colombianos, que reconocen pacientes, familiares y en general la sociedad del país, con profesionales de altísima calidad en todas las áreas, equipos de última tecnología, una atención con una calidad humana difícil de encontrar y una gran vocación de servicio, han hecho del INC el mejor en su sector en Colombia y América Latina.
Duque quiere privatizar lo que antes no privatizaron Uribe y Santos, como dije en una columna anterior, vienen por lo que queda.
