El único balance que puede presentar el gobierno Uribe-Duque al finalizar el año 2.021 es el de muerte por todo el país, no se salva ni la capital de la república. El accionar de las fuerzas militares, la policía y los paramilitares es incontrolable, todo con el silencio cómplice de los gobiernos nacional y municipales (salvo algunas excepciones), los medios de comunicación “tradicionales y comerciales”, los gremios económicos y, lo más grave, la mayoría de la sociedad civil. En un país decente y serio esta situación ya hubiera generado reacciones de los ciudadanos, pero pareciera que todos los muertos en estos hechos de violencia fueran determinados como: “buenos muertos”. A este punto de degradación hemos llegado en Colombia.
El informe de INDEPAZ, titulado “CIFRAS DE LA VIOLENCIA EN LAS REGIONES 2.021”, que iba hasta el 24 de diciembre, inicialmente, y con fuentes tan confiables como: La Fiscalía General, SNIDH, SIVJRGNR, UIA, SAT Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Defensa, registraba los siguientes datos: 168 líderes asesinados, de los cuales 26 fueron mujeres , 48 firmantes del acuerdo de paz, que incluyen a 4 mujeres y 93 masacres. También reportó el total consolidado de 1.283 muertes de líderes, hombres y mujeres desde el 24 de noviembre de 2.016, año en que se firmó el acuerdo de paz, y 885 asesinatos durante el gobierno de Iván Duque. Lo que quiere decir que el 69% de los homicidios han ocurrido en el presente gobierno (1). Pero la cosa no paró ahí, después del 24 de diciembre ocurrieron 3 nuevas masacres que dejaron total de 335 personas asesinadas en esos hechos (2).
Quiero resaltar el silencio de todas las instituciones gubernamentales ante estos hechos. Desde el presidente Duque, pasando por los gobernadores y los alcaldes, como ejecutivos a diferente nivel guardan silencio, que podría calificarse como cómplice, ante estas muertes, que ya muchos califican como genocidio. Ni que decir del resto de instituciones, del poder judicial, de las instituciones investigadoras, personerías, que son las que se supone deben velar por que las diferentes autoridades respeten los derechos humanos y no cometan desafueros, callados, como si esto no ocurriera en nuestro país.
En el parlamento colombiano ocurre algo similar, son muy pocos los senadores y representantes que levantan su voz para denunciar y protestar por la ocurrencia de estos hechos. Podemos resaltar solo a los miembros de la llamada oposición, porque los demás partidos están mas interesados en perpetuar el estado de cosas, promulgando leyes amañadas en contra del pueblo y no en defender a sus electores, que son eso, el pueblo a los que ellos perjudican.
La mayoría de los asesinados pertenecían a juntas de acción comunal de las regiones, defensores de derechos humanos y el ambiente, indígenas, afro descendientes o miembros de otras minorías, y firmantes del proceso de paz a los que no les perdonan haber firmado los acuerdos y haberse reincorporado a la sociedad civil.
No relacionamos aquí a los desaparecidos, falsos positivos ni víctimas del ESMAD y de civiles armados en el llamado estallido social, que merece un análisis posterior.
Triste es la actitud de la llamada “sociedad civil” que hoy como en años anteriores, ha callado y se ha hecho la de “la vista gorda” ante el asesinato de sus compatriotas. Traemos a colación un artículo del diario El Espectador del 25 de octubre de 2.016, en el que resalta el reclamo de Corte suprema a la sociedad por su permisividad, el artículo lo tituló así: El duro reclamo de la Corte Suprema a los colombianos por permitir el accionar de los paramilitares, con la siguiente introducción: “Para el alto tribunal los grupos de autodefensa no habrían logrado sus metas de no ser por el “silencio cobarde o pagado” que se presentó durante su proceso de expansión” (3). Resalto algunos apartes del artículo: “En un duro pronunciamiento el alto tribunal advierte que los grupos de autodefensa recibieron la “simpatía” de diferentes “integrantes del conglomerado social, como algunos policías, algunos militares, algunos servidores públicos de los niveles local, municipal, departamental o nacional, algunos jueces, algunos legisladores, algunos comerciantes, algunos ganaderos, en fin, algunos ciudadanos”, más adelante dice: “Ya va siendo hora de que, en aras de lograr una catarsis, un olvidar, un comenzar de nuevo y de ceros, todos hagamos un verdadero acto de contrición, puesto, todos a una somos culpables, pues jamás aplicamos eso que a veces resulta más efectivo que la sanción penal: el control social, dado que antes que rechazar al agresor o a quien los auxiliaba, permitimos que hicieran vida social, sin reprocharles, sin excluirlos, sin señalarlos”. Este duro reclamo hace parte del fallo condenatorio para varios paramilitares entre los que resalta a “Salvatore Mancuso Gómez, Jorge Iván Laverde Zapata, alias ‘El Iguano’; Úber Enrique Bánquez Martínez, alias ‘Juancho Dique’; Édgar Ignacio Fierro Flórez, alias ‘Don Antonio’, entre otros, por su responsabilidad por 23 delitos” dice el diario.
¿Por qué es tan importante este pronunciamiento del máximo tribunal de justicia de nuestro país?, porque hoy está pasando lo mismo, un sector de la sociedad, generalmente los que votan por Uribe o por el que éste diga, pareciera que están contentos con lo que está pasando y aplauden los asesinatos de estos colombianos, otro sector “de los que no se meten en política”, ni siquiera se quieren enterar o si lo hacen no les importa que esto suceda. Y a los que osan protestar, les hacen lo mismo, los asesinan, los mutilan, les montan procesos judiciales y los meten presos.
¿Y los medios de comunicación afines al gobierno?, callando y desviando la atención de la opinión pública a noticia baladíes, sin importancia o dándole relevancia a lo que ocurre en la vecindad.
Este panorama desolador es el que va a entregar el consentido de Uribe al finalizar “su mandato”. Sabemos que el expresidente pretende dejar otro de sus nominados para que siga haciendo lo mismo que Iván Duque. La única forma de frenar esta escalada de sangre y muerte es impidiendo que otro de los alumnos aventajados del “ex” suba al poder en las elecciones de este año y que los ciudadanos decentes, salgan a votar masivamente por un congreso que haga lo que los ciudadanos les encomiende y por un presidente afín a los intereses populares.
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