La Comisión Interamericana de Derechos Humanos —CIDH— no había podido escoger una fecha más emblemática para hacer su visita a Colombia. Hay tiempos y lugares que se convierten en símbolos de la memoria colectiva, porque son aquellos donde los pueblos hacen el duelo de sus muertos. Junio es el tiempo y, el lugar, todo el país.
Los excesos de la fuerza pública contra los manifestantes que, de manera ininterrumpida y pacífica, desde el 28 de abril recorren las calles de las principales ciudades del país, no son nuevos. Como en el mito del eterno retorno de Heráclito, en Colombia se han repetido una y otra vez. Es como un ir y volver circular del tiempo. Pero no son solo los hechos los que se repiten en el devenir de los días y los años, de una manera infinita y sin tregua, sino también las ideas, los sentimientos, los vicios y pasiones.
Hace noventa y dos años de aquel 8 de junio de1929 en que los estudiantes le exigieron al presidente Miguel Abadía Méndez que destituyera al ministro de Guerra, Ignacio Rengifo, y al director de la Policía, general Carlos Cortés Vargas, por ser los responsables de la masacre de los trabajadores de Las Bananeras de la Unite Fruit Company, acaecida el 6 de diciembre de 1928.
Ese 8 de junio de 1929 fue asesinado el estudiante Gonzalo Bravo Páez, de un tiro de fusil disparado por la guardia presidencial, aunque el joven no estaba en la manifestación, sino que se dirigía al Café Capitolio, cuando tropezó con el ejército que pretendía disolver la marcha a punta de bala.
Veinticinco años después, el 8 de junio de 1954, los estudiantes de la Universidad Nacional se reunieron en el Cementerio Central para rendirle tributo a la memoria de Gonzalo Bravo Páez. Ese día fue asesinado por la policía militar Uriel Gutiérrez Restrepo, pero no en el cementerio, sino en el campus universitario, porque él no asistió al certamen conmemorativo. Entonces, cursaba cuarto año de medicina y segundo de filosofía y letras.
Al día siguiente, 9 de junio, los estudiantes hicieron una multitudinaria marcha pacífica para reclamarle al general Gustavo Rojas Pinilla por el asesinato de Uriel Gutiérez Restrepo. La respuesta del gobierno militar fue a plomo: doce personas asesinadas y más de cincuenta heridas a manos de la tropa oficial, que llegó al lugar para impedir la manifestación y acordonar la zona.
De entrada, hay que decirle a CIDH que de nada de lo anterior es culpable Petro: ni de la masacre de Las Bananeras del 6 de diciembre de 1928, ni del asesinato de Gonzalo Bravo Páez el 8 de junio de 1929, ni de la muerte de Uriel Gutiérrez el 8 de junio de 1954. Tampoco es responsable de que sesenta y ocho años después del asesinato de Uriel Gutiérrez, desde el pasado 28 de abril, los estudiantes con la dignidad del jaguar, pese a que les saquen los ojos, los violen, los torturen y los desaparezcan no huyan, ni se rindan ante el gobierno más mentiroso y autoritario que haya tenido Colombia en toda su historia.
Es bueno que la CIDH sepa eso, porque desde que Petro comenzó a ocupar el primer lugar en las encuestas para las elecciones presidenciales de 2022, en Colombia se vive la fábula del lobo y el cordero de Jean de La Fontaine. El caso es bien risible —bromas, canciones de humor y caricaturas no han faltado—, porque según el presidente Duque y todos sus alfiles en los partidos políticos, gremios y medios de comunicación, Petro es el culpable de todo lo malo: de enturbiar el agua, que fue la disculpa del lobo para tragarse el corderillo.
He aquí tres fábulas de Duque y su gente contra Petro, que nos hacen reír:
Duque, después de haber incendiado el país, se auto entrevistó y en un inglés perfecto, sin mencionar su nombre, culpó a Petro, de haber prometido que no lo dejaría gobernar.
Una revista, de cuyo nombre es mejor no acordarse, dedicó su carátula al rostro desfigurado de Petro, con el título: ¡BASTA YA! En el editorial desarrolló el epígrafe de su portada. ¡Qué ironía!, los dueños de todos los poderes del país le piden a Petro que prescinda de su único poder: el de la palabra.
Cuatro congresistas del Centro Democrático se reunieron con Tania Reneaum Paszi, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, «para pedirle que investigue las violaciones de derechos humanos de la fuerza pública por parte de los manifestantes del Paro Nacional».
