A las patadas se hace política en la costa

A las patadas se hace política en la costa

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Por: Germán Navas Talero y Pablo Ceballos Navas

Editor: Francisco Cristancho R.

A los pueblos se les gobierna con ideas y con programas, pero hay lugares en los que sus gentes prefieren someterse a los actos de fuerza de quienes han elegido para dirigirlos.

 Cuando nos cuentan el negociazo que habría hecho Fernando Ruíz durante su paso por el Ministerio de Salud, comprando vacunas para treinta generaciones adelante aunque con vencimientos de pocos meses, nos preguntamos si será posible desarrollar una vacuna contra la avaricia y la ignorancia de quienes hasta hace poco detentaban el poder sin competencia. Un afamado neurólogo nos decía que ambas son incurables salvo que la inteligencia artificial haga honor a su nombre y supere la inteligencia de los seres terrenales. Dice este profesional que su afirmación proviene de la experiencia de años revisando cerebros, entre estos los de algunos políticos, y tras la cual ha llegado a la conclusión de que la reversión de estos vicios es un imposible.

Para información de nuestros lectores, sobre la adquisición con dineros públicos de dos millones de dosis de la vacuna contra la malaria, en evidente sobrevaloración de la demanda y sin mediar –según nos cuentan– estudios que determinaran la necesidad de esta alta cifra, cuenta el señor Andrés Idárraga Franco, secretario de transparencia de la Presidencia, que la necesidad real y acreditada de inmunización era de apenas ocho mil dosis. Nos llama a sonrisas –o a risas– que sobre Ruíz operaba el poderoso efecto de la pauta, por medio de la cual quisieron convencer a la opinión de que el único ministro de Salud que había trabajado y servido para algo había sido Fernando Ruíz. Hoy se rompe el hechizo. Convendría escuchar sobre el particular a otro letrado en vacunas, entonces secretario de gabinete distrital y ahora senador, el joven Miguelito.

Si de inteligencia artificial queremos hablar, basta con caer en manos de un agente de tránsito para percatarse de que es tan posible hacerse inteligente artificialmente como renunciar a cualquier viso de razón en razón del cargo. Con ellos no hay lugar para el argumento o para el derecho, solo son posibles los actos de fuerza porque de ellos depende el ejercicio de su autoridad. Los funcionarios encargados de administrar el tránsito, ahora engalanados de azul, hacen su agosto con la imposición de comparendos fundados en contravenciones inexistentes o inaplicables, uno que otro con conocimiento de la improcedencia de su actuar, pero con la certeza suficiente de que contará en la cuota diaria.

Lo cierto es que en este esquema perverso ganan todos: el agente que justifica las horas de trabajo, el operario de la grúa que hace lo propio, el dueño de la grúa que cobra por el paseo, el dueño del parqueadero por el estacionamiento forzoso y la administración con el pago de sanciones por parte de quien depende de su carro para subsistir. El único que pierde es el ciudadano que cometió el error de comprar un vehículo y traerlo a Bogotá. Desconocemos si esta práctica se origina en la “cochefobia” de los alcaldes López y Peñalosa, pero ahora que estamos en campaña sería oportuno que los ciudadanos hagan saber a los candidatos que esta es una de sus principales preocupaciones. A la fecha lo que ocurre con el carro y la moto particular en Bogotá puede explicarse en una frase: una persecución enfermiza, pero conveniente para los socios financiadores de campañas que operan el transporte público de la ciudad.

Cuando usted sale de las manos del verdugo hacedor del comparendo, llega a la inspección de tránsito –o de movilidad o como quiera llamarla el alcalde de turno– con la esperanza de que allí, en tanto sus funcionarios deben conocer la norma de tránsito, encontrará protección y garantía de sus derechos. Pues en la práctica es todo lo contrario, en esta instancia el problema solo se acrecienta. De repente, a su correo llegan notificaciones para audiencias que no están programadas o que sí lo están, pero que por capricho del inspector no se celebran; le informan sin sonrojarse que las pruebas aportadas por la administración tienen oportunidad “ilimitada” y con amparo en este infundio le hacen ir dos o tres veces para la práctica del testimonio del agente, quien no acude ni presenta excusa y aun así a la tercera citación le reciben la declaración; y así con todo. Los abogados de la inspección, que a duras penas entienden de derecho administrativo –al punto que preguntan si antes de la demanda de nulidad debe “agotarse el requisito de tutela”–, aspiran a sentar jurisprudencia automovilística y cambiar la norma a su antojo, negándose a aplicar efectos claramente descritos en la ley. Solo les falta que se descubran y digan “la ley soy yo”. Visto lo visto, en Bogotá el agente de tránsito también es su propio inspector, pues con el comparendo se anticipa la decisión de la administración.

Que en Barranquilla no se hace política sino que se compra es un hecho notorio, pero no por ello dejan de sorprender los medios por los que Álex Char pretende hacerse con los votos de sus conciudadanos. Recientemente conocimos que en un evento público prometió que el Junior volverá a ser campeón de goleadas. Le importan un pepino la ciudad y sus habitantes, y lo expresa de frente y sin pena. Este golpe de sinceridad deja en evidencia la estrategia a dos bandas de la familia Char: comprar votos y meter goles por igual. Duele constatar que aun con las confesiones de Aida Merlano; las acciones de la justicia contra Arturo Char y el libro primero censurado y luego best seller de la periodista Laura Ardila, el poder y la proyección electoral del clan permanezca inalterado. Al pase del Junior y al son de Olímpica, Alex Char se metió en la alcaldía.

En Bogotá el panorama no es mucho mejor. La trampa del metro elevado sigue avante y con el apoyo de la opinión pública que se dejó convencer de la argucia de Peñalosa según la cual es ese metro o ninguno. Dos de los tres candidatos que lideran en las encuestas se sostienen en el engaño: Carlos Fernando Galán y Juan Daniel Oviedo. Solo un candidato con posibilidades reales de convertirse en el próximo alcalde ha manifestado su oposición al metro elevado –cuya construcción continuará si el gobierno nacional no alcanza un acuerdo con la firma a cargo– así como su negativa a ejecutar el proyecto de TransMilenio por la carrera séptima incluso si la alcaldesa desatiende la petición suscrita por todos los candidatos a sucederla y firma el contrato: éste es Gustavo Bolívar y solo eso es motivo suficiente para votarle.

Adenda: la pasividad de los colombianos frente al descubrimiento de los hornos crematorios reconocidos por Mancuso como de autoría de las AUC da cuenta de nuestro carácter como sociedad.

Las opiniones de los columnistas son de su exclusiva responsabilidad. Les invitamos a leer, comentar, compartir y a debatir con respeto.

 

 

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