Doce años después del asesinato del joven grafitero Diego Felipe Becerra, conocido con el nombre artístico de Trípido, a manos de un agente de policía se está procesando por la Corte Suprema al general retirado Francisco Patiño. Se le acusa de encubrimiento y fraude procesal pues se demostró que fabricó una versión acomodada de los hechos mostrando al muchacho como autor del atraco a una buseta que habría sido muerto al enfrentarse a una patrulla. Gracias a la tenacidad de la familia se pudo probar que a Diego Felipe le dispararon por la espalda y que el asalto al vehículo fue dos días antes. Más aún, resultó claro que varios miembros de la institución policial acudieron inmediatamente para manipular la escena y que a la víctima le “plantaron” un arma para hacer creíble la versión del asalto. Para comprar su mentira, le dieron al conductor doscientos mil pesos representados en un bono para redimir en un supermercado. La mayoría de los implicados en esta situación ya fue condenada en diferentes instancias de la justicia pero faltaba el entonces comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Patiño, a quien por lo demás el Senado le aprobó su ascenso a mayor general a mediados de 2016.
En entrevista concedida a El Espectador el pasado domingo 26 de febrero, Liliana Lizarazo, madre de Diego Felipe ratificó sus denuncias y recordó que fueron cerca de 40 los policías, incluyendo varios oficiales los que intervinieron la escena del crimen y armaron el montaje, asesorados por un abogado al servicio de la entidad. Ante la pregunta de la periodista sobre por qué tanto despliegue si no se trataba de un caso de mayor notoriedad que además solamente involucraba a alguien de rango bajo, la señora respondió que al interior de los procesos se barajaron dos hipótesis: 1- que la Policía quería evitar un escándalo internacional porque por esos días había un evento mundial en Bogotá con asistencia de periodistas de varios países; y 2- que el patrullero tenía una “relación sentimental” con un general
que habría ordenado se le protegiera a toda costa.
La segunda posibilidad es respaldada por el abogado de la familia, José Mozo. Sin embargo, la veterana comunicadora no le preguntó a ninguno de los dos sobre la identidad del alto oficial en mención. Tampoco ellos dieron más pistas y el nombre no fue recordado, quedó en la sombra. Lo único que un observador más o menos memorioso puede asociar con esa segunda hipótesis no probada, es la famosa “Comunidad del Anillo”, cofradía de índole homosexual cuya existencia salió a la luz hace algunos años y se dijo era integrada por altos oficiales de la policía que solicitaban favores sexuales de jóvenes integrantes de la institución a cambio de ascensos dentro de la institución o por otro tipo de servicios para algunos congresistas y funcionarios públicos, situación que en ocasiones los convertió en sujetos de chantaje.
Se perdió así una oportunidad de oro para identificar al hombre de las tinieblas, clave para esclarecer los motivos reales que tuvieron para encubrir el atroz crimen y proteger a un simple patrullero. En todo caso evidentemente se trata de alguien con mucho poder en la institución y en la sociedad para que personas tan valientes como la progenitora de Andrés Felipe, el jurista que la representa y la propia Cecilia Orozco no hayan dado el nombre y ni siquiera una pequeña pista. Así las cosas, a menos que la Corte Suprema revele la verdad sobre cuál fue la relación “sentimental” (y algo más) que motivó la actuación deleznable de Patiño, se necesitará otra comisión de la verdad sobre la comunidad anillada y el papel que pudo jugar en el montaje que pretendía dejar en la impunidad el atroz asesinato del inolvidable Trípido.
Entre tanto, quienes promovieron el ascenso de Patiño desde el ejecutivo y quienes lo aprobaron en el Senado (con las honrosas excepciones de Alexander López, Camilo Romero, Gloria Inés Ramírez, Mauricio Ospina, Jorge Robledo y Luis Carlos Avellaneda) a pesar de la grave acusación que ya gravitaba en su hoja de vida, le deben al país y a la familia de la víctima, una solicitud de perdón, excusa o por lo menos una explicación. De no hacerlo, quedarán marcados por el baldón de la ignominia y de la sospecha sobre algún tipo de vínculos o intereses sórdidos con el misterioso general de la “relación sentimental” con el asesino.
