En la Comisión Primera de la Cámara de Representantes se aprobó en quinto debate el proyecto de reforma que crea la Jurisdicción Agraria y Rural. Un “punto de honor” en la agenda reformista del gobierno y un compromiso derivado del Acuerdo de Paz; sin embargo, su aprobación tuvo un sabor agridulce, ya que; por un lado, demostró que la coalición de gobierno se sigue moviendo para impulsarle proyectos estratégicos al gobierno; y por el otro, el peso de un reciente concepto de las Altas Cortes tuvo impacto y la reforma salió sin uno de sus componentes más importantes: la Corte Agraria y Rural.
Pocos expertos dudan de la importancia de crear una jurisdicción agraria que dirima los conflictos asociados a tenencia de la tierra e imparta justica en las zonas más alejadas del país; la dificultad estriba en que todavía no se ha logrado consensuar cómo hacerlo. Para algunos sectores políticos, la creación de la Corte Agraria y Rural tal como se dispone en la reforma del gobierno, no resuelve de fondo la problemática porque condiciona la jurisdicción a una corte de cierre que solo entraría en una confrontación permanente con la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.
Además, se cuestiona que sus magistrados, al menos por una primera y única vez, sean elegidos por el Congreso, pues esto podría inducir a su politización.
Para las Altas Cortes la alternativa más viable y rápida se encuentra -y así lo hicieron saber en el concepto que enviaron a la Comisión Primera antes del debate- en la creación de Tribunales y Juzgados Agrarios Rurales. Así, se fortalecerían los tribunales en la base de la jurisdicción ordinaria teniendo como referente para su implementación las zonas focalizadas por el Ministerio de Agricultura y en función de los volúmenes demográficos rurales, conservando; eso sí, las dos jurisdicciones de cierre en temas agrarios: la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.
En contraste, la propuesta del gobierno crea una jurisdicción autónoma, encabezada por la Corte Agraria y Rural y estructurada desde un circuito especializado de Tribunales y Juzgados. Pero esta propuesta no les gusta del todo a las Altas Cortes porque no solo les quitaría competencias, sino que podría conllevar a interminables choques de trenes entre jurisdicciones.
Esta polémica no es del todo nueva, tan solo hay que recordar que en el gobierno de Iván Duque se avanzó en la discusión de un proyecto de ley estatutaria que creaba una especialidad agraria en la justicia ordinaria con jueces itinerantes en zonas apartadas y gestores locales, este proyecto (entonces con el visto bueno de las Altas Cortes), se terminó hundiendo en su último debate en la plenaria del Senado a instancias de Arturo Char (a la usanza presidente del Senado) y María Fernanda Cabal (que lo bautizó como la “JEP rural”).
Ahora bien, tras el desgaste de la coalición de gobierno y con el cierre de filas de las Altas Cortes, todo parece indicar que la propuesta inicial sobre la Corte Agraria y Rural será descartada para darle espacio a una reforma menos radical y más ajustada al fortalecimiento de la justicia ordinaria. Un tire y afloje a favor de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado y que se debe complementar, a más tardar en la siguiente legislatura, con la aprobación de una ley estatutaria que precise los alcances, funciones y despliegue de los nuevos Tribunales y Juzgados Agrarios Rurales.
Sin duda, será una pequeña derrota para el gobierno en su ambiciosa agenda reformista, pero a la larga y dada la deuda histórica que se tiene con la creación de una jurisdicción agraria, configura una victoria para las comunidades que llevan décadas clamando por justicia y una atención oportuna.
