El despido de funcionarios del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre, habría desatendido la instrucción impartida por el propio jefe de Estado hace apenas 18 días
Según la directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, Mariela Barragán Beltrán, mediante circular del pasado 9 de enero exhortó a las entidades del gobierno nacional “actuar con consideración y responsabilidad en la gestión del talento humano, previo al inicio del periodo de aplicación de la Ley de Garantías Electorales”.
En la circular la señora Barragán advirtió que “el empleo público debe estar orientado por el respeto y la garantía de los derechos laborales, la dignidad humana, la estabilidad del empleo y el debido proceso”.
Pese a lo anterior el gobierno buscó, más temprano, salir al paso de las críticas por cuenta del escándalo del despido masivo de expertos funcionarios del Dapre y la cancillería.
En un comunicado de tres puntos la Presidencia de la República aceptó tácitamente el despido de decenas de funcionarios a escasas horas de entrar en vigor la Ley de Garantías Electorales.
“En total fueron 12 personas que se desvincularon de la entidad (Dapre) y no 30 a 40 como señalan las notas de prensa”.
Prácticamente desconociendo la recomendación del presidente Petro de preservar el empleo a los colombianos, por la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, el comunicado del Dapre dijo que los desvinculados “contaban con una vinculación de libre nombramiento y remoción y no eran parte de la carrera administrativa o por concurso y no gozaban de estabilidad laboral reforzada”.
Al final del día el pedido del presidente se pasó por la faja y decenas de funcionarios, algunos con amplia trayectoria y experiencia quedaron en la calle.
