Los diálogos entre el gobierno y la oposición venezolanos en México brindan una luz de esperanza para nuestros vecinos y para todo el continente. Ya las conversaciones en sí son un paso positivo. De hecho, el primer acuerdo en el que las partes unifican su posición frente al diferendo con Guyana sobre el tema del Esequibo y señalan que se darán pasos hacia el levantamiento de las sanciones y por la recuperación de los activos congelados en el exterior para destinarlos a la lucha contra el covid y a otras situaciones urgentes de salud pública muestra que puede avanzarse en una agenda conjunta que beneficie a toda la comunidad venezolana.
Sin embargo, a ese panorama esperanzador, además de las dificultades mismas de un proceso tan complejo, le ha surgido una sombra, proveniente, una vez más, de nuestro país. De tiempo atrás el gobierno colombiano viene jugando un papel muy negativo frente a la crisis venezolana, cumpliendo el triste rol de mascarón de proa de los planes de intervención militar de Estados Unidos. El subpresidente Duque no ha disimulado su compromiso con esa estrategia y es así como protagonizó el sainete del concierto en la frontera en 2019. Igualmente, ha sido muy activo en el reconocimiento del autoproclamado presidente provisional, Juan Guaidó y apoyó decididamente la extraña Operación Gedeón en 2020 protagonizada por un comando mercenario estadounidense, que partió de Colombia y pretendía capturar o matar al presidente Maduro (cualquier parecido con el drama del asesinato del presidente de Haití el año siguiente no es coincidencia). Esa aventura incluía el levantamiento de unidades militares en algunas zonas, especialmente en el oriente, que finalmente no se produjeron porque el grupo central del ataque fue capturado rápidamente (algunos de ellos por simples pescadores, lo que produjo la extraña situación de rambos atrapados con atarraya). Otra parte rocambolesca del episodio fue el deslizamiento de tres lanchas artilladas pertenecientes a la Armada colombiana que “se fueron solas” por el río Meta y terminaron aguas abajo en el Orinoco, ya en territorio venezolano. La explicación de los responsables de su custodia de que se zafaron de las cuerdas que las amarraban no suena muy creíble y parece demasiado coincidente que haya ocurrido al mismo tiempo que el frustrado desembarco.
En todo caso, las embarcaciones siguen abandonadas a su suerte flotante y nadie en el alto gobierno ni en los órganos de control ha hecho nada por recuperarlas, a pesar de que el jefe del ejecutivo del país “anfitrión” dice que las devuelve si su homólogo colombiano se lo pide.
Pero no, Duque no se digna a realizar ese mínimo gesto que no implica reconocer a Maduro sino simplemente mostrar un interés mínimo por un bien del estado que representa. La misma o mayor arrogancia y terquedad muestra ahora a raíz de los diálogos en México. Cuando los propios opositores y sus patrocinadores externos flexibilizan su posición y en la práctica admiten que su estrategia de derribar el gobierno bolivariano se ha empantanado, nuestro flamante jefe de estado muestra su decepción por el avance de las conversaciones y sale con el cuento de que éstas no deben servir para fortalecer lo que él llama “la dictadura”, agregando sin pestañar que la consolidación del chavismo sería una catástrofe para Suramérica. Difícil hallar un grado mayor de cinismo, arrogancia y descaro en una actitud intervencionista, agravados por el hecho de que no parece autónoma sino un mandado teledirigido desde el norte del continente, máxime que en materia de catástrofes, Colombia no sale muy bien librada.
Como se dice popularmente, ni raja ni presta el hacha” y si no va a ayudar en esta etapa de reconciliación y arreglo entre venezolanos, Duque no debería obstaculizarla.
A la par de las desafortunadas declaraciones, se interviene por la Superintendencia de Sociedades a Mónomeros Colombo Venezolanos S.A., con sede en Barranquilla, creada hace más de 50 años y que luego pasó a ser únicamente de propiedad venezolana. Estimulado por el reconocimiento de su presidencia por parte de nuestras autoridades, Guaidó nombró directivos y ahora que en el horizonte está la posibilidad de acuerdo entre las partes, es válido pensar que la medida no tiene las mejores intenciones, máxime cuando la empresa de fertilizantes, que por lo demás cubre buena parte de nuestras necesidades en esa materia, presenta un buen balance de utilidades y funcionamiento operacional.
En la misma tónica puede situarse la actitud del gobierno y de la prensa en relación con la detención del colombiano Álex Saab en Cabo Verde, cuando estaba en misión como diplomático en representación de Venezuela. El estado colombiano guarda total silencio sobre su ilegal detención, así como sobre las irregularidades en la aprobación a su extradición a Estados Unidos, a pesar de que el Tribunal de Justicia de África Occidental al que está adscrito el estado caboverdiano en el marco de las instituciones jurídicas de la Unión Africana. Lo menos que podría pedirse como país de nacimiento es que la patria de ese ciudadano se pronunciara y realizara algún tipo de gestión para que se le respeten sus derechos, independientemente de si es culpable o no, como sí se ha hecho con los mercenarios capturados en Haití.
Más le vale a nuestros gobernantes enfocar sus esfuerzos en resolver la dura situación de violencia que padecemos, las masacres contra líderes sociales y excombatientes, así como las duras circunstancias sociales que vive la mayoría de la población.
La política exterior debe estar a favor de los intereses nacionales y de la paz y no ser un escenario para favorecer proyecciones intervencionistas de otras naciones, como tampoco para desplegar los rencores y odios del gobernante. Si los propios opositores están negociando con Maduro, no podemos nosotros, que estamos hasta el cuello con nuestros propios problemas, ser la piedra en el zapato de la reconciliación interna de nuestros vecinos.
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