Por: Horacio Duque.
En la media en que nos acercamos a las cruciales elecciones del próximo 27 de octubre para escoger alcaldes y gobernadores, el debate y la controversia publica se calienta literalmente.
En Barranquilla, en el departamento del Atlántico, y en los otros departamentos de la región caribe colombiana prevalecen formas feudales y aberrantes en el ejercicio del poder político gubernamental. En dicha región hay mafias de todos los pelambres, pero la más fuerte e influyente es la de la familia Char (Por su patriarca Fuad Char, pionero del narcotráfico costeño). La mafia de los Char domina Barranquilla, el departamento del Atlántico y sus tentáculos podridos se extienden por toda la región en alianza con siniestros politiqueros campeones del saqueo y robo a los dineros públicos, profundizando la gigantesca pobreza que afecta a casi 10 millones de “costeños”. Son increíbles las condiciones de pobreza y violencia en la que viven millones de seres humanos en esta región de Colombia, donde además la violencia paramilitar ha ocasionado los peores estragos con masacres, asesinatos, desplazamiento y desaparecidos.
La Mafia tiránica de los Char, representada por el actual Alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y por varios parlamentarios, pretende mantener su hegemonía en las próximas elecciones y ya da por hecho el triunfo de Elsa Noguera en la Gobernación del departamento y de Pumarejo en la Alcaldía de Barranquilla. El fraude, el soborno, la compra de votos y la manipulación mediática son sus herramientas preferidas, como se vio con el caso de Aida Merlano, una senadora que compro miles de votos con el apoyo de la familia Gerlein y de los Char para acceder al Legislativo como cuota de estas camarillas oscuras del Caribe. Ahora está en la cárcel en vez de ser parlamentaria y está contando como es que funciona toda esta artimaña política.
Nadie se atreve a cuestionar ese poder. El miedo es absoluto.
Sin embargo, ahora les salió un peso pesado que los está retando. Me refiero a Nicolás Petro, quien con el apoyo de la Colombia humana, la UP y otras organizaciones políticas populares ha presentado su candidatura para la gobernación del Atlántico con un Programa anticorrupción y de recuperación de los derechos sociales de los más pobres y excluidos.
El reto es grande y nada está dicho hasta el momento.
Para dar cuenta de las dimensiones del imperio corrupto de los Char en Barranquilla recojo en esta nota un reciente análisis del Senador Jorge Robledo, quien ha citado a varios debates de control político al actual alcalde de Barranquilla sobre el robo de la Triple A en el funciona miento del acueducto de la capital atlanticense. Citaciones que no han sido atendidas por el Jefe de gobierno de Barranquilla.
Cada quien sacará las conclusiones correspondientes.
Esta es la nota del Senador Robledo.
“La plata robada a la Triple A, mediante una asistencia técnica que los españoles cobraron pero no prestaron, ascendió a 237 mil millones de pesos, monto al que hay que sumarle otros fraudes por cien mil millones. Y debe establecerse cuánto se perdió por la pésima administración de la Triple A, que facilitó el desgreño, la corrupción y el clientelismo. La firma auditora Grant Thorton, al revisar lo ocurrido en solo cinco años de 18 –entre 2012 y 2016–, halló contratos irregulares por 97.454 millones de pesos.
En España terminaron en la cárcel 12 altos directivos de Canal Isabel II, la trasnacional que controla –a través de Inassa– a la Triple A. En Barranquilla tiene mansión por cárcel Ramón Navarro, exgerente de la empresa, quien confesó su participación en el robo de 28 mil millones de pesos. A siete exgerentes de la Triple A e Inassa se les dictó medida de aseguramiento “no restrictiva de la libertad”. Y según ordena la ley, deberán rendirle cuentas a la Procuraduría Alejandro Char, Elsa Noguera, Natalia Abello y Jaime Pumarejo, entre otros, por sus decisiones como miembros de la Junta Directiva de la Triple A.
En España todavía investigan el “pelotazo”, palabra que significa un gran enriquecimiento súbito. Consistió en que, en 2001, Enrique Gerlein, Luis Cárdenas Gerlein, Luis Nicolella y Francisco Olmos, entre otros, compraron a Inassa por siete millones de dólares y, un año después, se la vendieron a Canal Isabel II por ¡73 millones de dólares!
A los barranquilleros los despojaron de una empresa que era toda de ellos y de la que ahora poseen el 14,5 por ciento, en tanto los extranjeros y criollos de Inassa pasaron de cero al 82,16 por ciento. Directivos de Canal Isabel II confesaron que el negocio no lo montaron con su plata sino con la que les sacaron a Colombia y a los otros países donde actuaron. Adquirieron la empresa “con la cédula”, concluyó Semana. La Triple A también se quedó con el aseo de la ciudad, negocio que le subcontrató a William Vélez. Y Barranquilla ya le adeuda a Inassa 237 mil millones de pesos, el 37 por ciento de los activos del acueducto.
Grave error menospreciar lo ocurrido con la falacia de que la Triple A es “excelente” y que “robaron pero hicieron”, presentándola además como técnicamente perfecta. Porque no puede ser “excelente” una máquina para robar y cuando cada peso robado lo pagó la gente en las tarifas, las segundas más caras del país. Y porque si bien la cobertura del servicio es casi total y ofrece agua potable, también tira a la ciénaga de Mallorquín y al río Magdalena, sin ningún tratamiento, las aguas servidas de 2,8 millones de personas y pierde la mitad del agua que potabiliza, a un costo para cada usuario de 281 mil pesos al año. Además ocultan que 1,3 billones de pesos de subsidios públicos han respaldado a la Triple A.
Es acertado terminar el falso contrato de asistencia técnica y extinguirle a Inassa el dominio sobre sus acciones, porque el delito no puede generar derechos. Pero además el alcalde Char debe terminarle la concesión a la Triple A, para que las ganancias del acueducto y el aseo respalden el progreso de toda la ciudad. Lo que más les sirve a los sectores populares, a la clase media y a los empresarios es que en Barranquilla, entre todas sus empresas, haya dos públicas –o hasta tres, con Electricaribe– al servicio de todos sus habitantes.
Las llamadas “ías” y los jueces deberán sancionar a los culpables. Pero también deben establecerse las responsabilidades políticas. ¿Dónde estaban los alcaldes, que siempre estuvieron en la junta de la Triple A, mientras estas desvergüenzas ocurrían? ¿No supieron que este escándalo sacude a España desde hace varios años? ¿No se dieron cuenta de nada? ¿O sí pero decidieron participar en el festín y usarlo para el clientelismo? El buen futuro de Barranquilla depende de una reacción ciudadana contra tanta ignominia.
