El más reciente informe de la Comisión Colombiana de Juristas, CCJ reveló que durante 2022 fueron asesinados en Colombia al menos 212 líderes sociales, lo que arroja 18 líderes por mes y enciende las alarmas dentro de las otrganizaciones sociales que le piden al gobierno activar la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad ante los inminentes riesgos que crecen en época electoral.
En los primeros dos meses del 2023 ya se han registrado 20 homicidios contra líderes sociales, asegura la base de datos de violencia sociopolítica de la CCJ, que junto a la MOE, Misión de Observación Electoral, ya advirtieron sobre los altos riesgos que las elecciones regionales traerán para los lideres y aseguran se convertirá en un reto para el gobierno del presidente Petro.; ya que el proceso democrático contará con cerca de 120 mil candidatos dispersos en 1.121 municipios de Colombia. ty recuerda el informe de la CCJ que estás estructuras políticas de lideres sociales denunciaron al menos 110 asesinatos y tres desapariciones forzadas de sus líderes durante el período electoral de 2022, lo que supone un aumento de la violencia.
“La democracia en el punto de mira”, es un documento de la CCJ y la MOE, que aseguró que la principal causa del aumento de esa violencia es el incumplimiento en la implementación del Acuerdo de Paz y sus mecanismos de seguridad, entre ellos la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, un recurso tipificado en el punto tres del acuerdo entre los firmantes de La Paz que busca “el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos”.
La responsabilidad de la no implementación de esta instancia asegura el informe, viene del gobierno del presidente Iván Duque, que durante 4 años hizo caso omisos a las denuncias de las mismas organizaciones sociales, y a los requerimientos de la Misión de Verificación de Naciones Unidas y de laJEP, Jurisdicción especial para La Paz.
Petro en octubre pasado lanzó públicamente la CNGS indicando que por decreto esa instancia se reuniría una vez al mes. Ya lo ha hecho en tres oportunidades.
“El avance ha sido más lento de lo que todos hubiéramos querido, incluyendo al Gobierno. Al no ponerse en práctica la política de desmantelamiento, se permite que proliferen los grupos ilegales, que se expandan con sus formas de violencia, que incluyen los asesinatos no solo de líderes y lideresas, sino de firmantes de paz”, le dijo a varios medios la directora de la Comisión Colombiana de Juristas, Ana María Rodríguez, quien es la delegada por los colectivos de DDHH ante esa instancia.
Sobre la importancia y los alcances de la Comisión la CCJ agregó que “no responde solo a los retos de seguridad derivados del Acuerdo de Paz, sino que tiene potencial para contribuir a la materialización de la paz total. La política permitiría que quienes entreguen las armas y comparezcan a la justicia resulten efectivamente desmantelados y que no se vaya a repetir dentro de un tiempo el fenómeno de rearme. Además, le permite al Gobierno contar con una instancia donde participan varias instituciones del Estado, la sociedad y la comunidad internacional, con funciones de asesoría para formular recomendaciones, entre muchas otras a las que se les puede sacar el jugo”, aseguró Rodríguez.
Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, en su último informe sobre la implementación del Acuerdo Final: “La coherencia entre esta política [de desmantelamiento] y los enfoques para el sometimiento de los actores armados a la justicia en el marco de la política de paz total es clave para que se logre reducir la violencia en las regiones afectadas por el conflicto”. en un claro espaldarazo a la vinculación del CNGS con la política de Paz Total del presidente Gustavo Petro.
Por otro lado un informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), aseguró que en 2022 hubo 50 asesinatos de excombatientes de las FARC en proceso de reincorporación; 123 mil 220 desplazados en Colombia; 39 mil 404 confinados; y 209 casos de desaparición en el marco del conflicto interno armado.
Elecciones, el reto del gobierno con los líderes sociales
La MOE alertó que en 2022 las agresiones contra líderes tras la firma del Acuerdo de Paz, alcanzó los 589 casos casi el doble en relación con 2017 donde se pudieron documentar 266. En 2022 aseguró la Misión en su más reciente informe que el accionar y la aumentó significativamente al documentarse 1 mil 191 hechos armados y amenazas en 27 de los 32 departamentos de Colombia, por lo que las organizaciones sociales le están pidiendo al presidente Petro, redoblar esfuerzos para prevenir riesgos, proteger y garantizar la vida de los líderes sociales y sus comunidades.
