A nadie le cabe la menor duda de que el gobierno Petro está absolutamente comprometido con la paz. Tanto el nombramiento de Álvaro Leyva en el Ministerio de Relaciones Exteriores como el de Danilo Rueda en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, demuestran una apuesta tan decidida como operativa por la búsqueda de la paz. Solo hay que ver como se fue posicionando en la matriz mediática la categoría difusa y utópica de paz total. El presidente Petro le restituyó la centralidad a la salida negociada y a las estrategias de acogimiento que se echaron al congelador a lo largo del gobierno Duque.
Pero más allá de esa apuesta denodada, habría que revisar, en particular, el interés y movilización ciudadana que viene generando la negociación con el ELN. Dada la importancia que está guerrilla le otorga a la participación de la sociedad civil, vale la pena preguntarse: ¿la sociedad civil sí está rodeando la negociación?
Inicialmente, habría que definir que se entiende por sociedad civil. Una tarea titánica para una modesta columna de opinión. Solo digamos que en relación al conflicto armado la sociedad civil articula a un conjunto amplio y dinámico de movilizaciones ciudadanas, así como a una serie de vínculos históricos e identitarios con la salida negociada. La sociedad civil no empieza o termina con el ELN, pero sí forma parte del denominado ethos eleno y su activación configura un incentivo estratégico para que esta guerrilla avance en un proceso de negociación.
Y aunque la sociedad civil fue un actor fundamental para impulsar las fallidas negociaciones del Caguán -solo hay que recordar el famoso mandato ciudadano por la paz- y también fue clave para que el ELN suscribiera el acuerdo de Puerta del cielo en 1998, parece que, a pocas semanas de reiniciar el diálogo, no tiene mayor peso en la quinta negociación de los elenos. Con cierto pragmatismo y ventana de oportunidad, se viene asumiendo que en el gobierno del Pacto Histórico el ELN tiene todas las posibilidades para avanzar en un proceso que descargue su agenda en los diálogos regionales vinculantes, el eventual Plan de Desarrollo y en una implementación diferenciada.
Sin embargo, la sociedad civil debe asumir un rol más activo y rodear enérgicamente la negociación, no conformarse con asumirse desde el voluntarismo del gobierno o en la expectativa quimérica de una paz total, pues un proceso de negociación es una cirugía tan delicada que requiere de una legitimación social permanente. Además, la participación de la sociedad civil es un punto de honor para el ELN -también es el primer punto en la suspendida agenda de diálogos- y debería configurarse en el factor detonante que dinamice todo el proceso de negociación.
Se podría creer que la salida negociada no se encuentra entre las principales prioridades de la sociedad civil en la era Petro; ya que el país asiste a dramas más estructurales -como el hambre o la pobreza- y la progresiva desnacionalización del ELN convierte la negociación en un tema mirado desde una perspectiva más regionalizada. Tampoco es que en la negociación con las Farc -una guerrilla más nacionalizada- la sociedad civil haya sido un actor tan fundamental, solo hay que recordar que el plebiscito se convirtió en una campaña direccionada por el gobierno (con César Gaviria como su coordinador) y la genuina activación de la sociedad civil solo inició tras la victoria del no.
Lo cierto es que la negociación con el ELN requiere de una decidida participación de la sociedad civil, buscando propiciar nuevos espacios de interacción, presión o incidencia. Algo que sin duda deberá pasar por los acuerdos humanitarios y el desescalamiento del conflicto. Pero que en el mejor de los escenarios podría concluir en un auténtico fin del conflicto.
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