La construcción de la llamada «Paz Total» en Colombia exige un enfoque radicalmente transformador que no solo se piensa en el afuera de los procesos, sino, también en la construcción y reconstrucción de los enfoques. Ya la paz total no puede concebirse como un acuerdo político entre actores armados, ni un proceso burocrático de negociación que conduce a una desmovilización de grupos armados con algunos privilegios y acuerdos mínimos.
La Paz Total requiere transformarse en un acto revolucionario de concurrencias múltiples en lo social, institucional, organizativo, grupal, territorial, cultural, ambiental donde todos los sectores históricamente excluidos se conviertan en protagonistas de la construcción de una paz concreta en territorio que se viste de distintos colores y necesidades. En una Colombia pluriétnica, multicultural y de regiones, la paz no puede ser homogénea, ni vertical, debe construirse con todos los actores desde los territorios, respetando las autonomías locales y el derecho de los pueblos y comunidades a su autodeterminación en lo que es posible.
Este ensayo aborda el concepto de «concurrencia múltiple» y activa de las comunidades locales (las mujeres populares, los jóvenes, niños, niñas, adolescentes y las culturas indígenas, afrodescendientes y campesinas), junto con la responsabilidad ineludible del Estado Social de Derecho, en la configuración de diversos y múltiples caminos para que la Paz Total, adquiera en el territorio un carácter de paz REAL. Culmina con un conjunto de recomendaciones que sintetizan los fundamentos éticos y políticos de esta apuesta transformadora.
Estas notas surgen de la sesión No.8 del Curso de Paz Total de la Universidad Nacional de Colombia -Gisde- AULA LIBRE y están dedicadas a Oscar Mauricio Silva y Melissa Camargo, funcionarios de la Consejería de Paz del Gobierno Nacional.
I. La Concurrencia Múltiple como fundamento revolucionario de los cambios y las transformaciones.
Hablar de concurrencia múltiple implica reconocer que ningún actor aislado puede construir la paz por sí solo. Se requiere la participación simultánea y coordinada de las instituciones con sectores sociales, organizativos y comunitarios que históricamente han sido silenciados, marginados, estigmatizados, perseguidos, desplazados y asesinados.
Se requiere entre otras formas de concurrencia:
1. Concurrencia social: implica el involucramiento de los pueblos indígenas, las comunidades afrocolombianas, las organizaciones campesinas, los trabajadores del campo y la ciudad, los habitantes de los barrios populares, las juventudes, las mujeres…, entre otros sectores, en procesos de deliberación y toma de decisiones, para transformar el territorio y generar desarrollo y bienestar.
2. Concurrencia institucional: exige que las instituciones del Estado Social de Derecho, en todos sus niveles, se reconfiguren para facilitar la participación efectiva y no para reproducir estructuras de dominación centralista o clientelar. Esto demanda de la participación del gobierno nacional, las gobernaciones, las alcaldías, con sus planes de gobierno y sus presupuestos.
Pero este tipo de concurrencia también demanda la participación del Estado en Plano, esto es de la concurrencia de actores estratégicos en la construcción de la paz territorial en Colombia:
1. La importancia de la concurrencia de la Fuerza Pública como fuerza multipropósito y de paz.
En un escenario de construcción de paz territorial, la Fuerza Pública —tradicionalmente concebida como instrumento de seguridad y defensa— debe transformarse en una fuerza multipropósito y de paz. Su concurrencia no debe limitarse al enfrentamiento militar contra la ilegalidad, ni a la represión en los territorios, sino, extenderse al apoyo directo en la reconstrucción del tejido social, la protección de los derechos humanos, la asistencia humanitaria y la recuperación institucional en territorios históricamente marginados, entre otros temas que convocan las fuerzas de sanidad e ingeniería y políticas de seguridad ambiental.
Una Fuerza Pública concurrente en la paz territorial debe:
a. Proteger a las comunidades frente a amenazas de actores violentos sin incurrir en prácticas represivas, violatorias de los derechos humanos, ni criminalizar la protesta social.
b. Apoyar tareas de estabilización, como la erradicación de economías ilegales mediante métodos sustentables, la construcción de infraestructura básica y el acompañamiento a procesos de restitución de tierras.
c. Promover confianza entre Estado y ciudadanía, pasando de ser un agente de miedo a un agente de legitimidad, mediante códigos éticos, formación en derechos humanos y presencia no intimidante.
d. La paz territorial exige una fuerza pública reconfigurada para que su misión principal sea el acompañamiento a la transformación civil, actuando con respeto irrestricto a las autonomías locales y a la diversidad étnica y cultural.
A este respecto se ha avanzado significativamente a través del Comando Conjunto Estratégico para la Transformación- CCOET, y en general de esfuerzos de distintas entidades de la Fuerza Pública, pero aún queda mucho trabajo por hacer hacia adentro y hacia afuera de la institución militar y policial. Las fuerzas militares y la fuerza pública en general deben convertirse en aliados estratégicos de la paz.
2. La importancia de la concurrencia de la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo
Los órganos de control y vigilancia son pilares esenciales para consolidar la paz territorial como garantía de justicia, protección de derechos y responsabilidad estatal.
La Procuraduría, primero se debe despolitizar, para que pueda ejercer a plenitud la vigilancia sobre la actuación de funcionarios públicos, evitando que la corrupción o el abuso de poder saboteen la implementación de los acuerdos de paz y los programas de desarrollo territorial tengan curso con eficiencia y celeridad institucional.
La Fiscalía. También se debe despolitizar, para garantizar la lucha contra la impunidad, especialmente en crímenes contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes de paz. Su presencia efectiva es fundamental para que las comunidades recuperen la confianza en el Estado de derecho. Pero, debe ser una Fiscalía, además, que se comprometa con la paz en los territorios.
La Defensoría del Pueblo cumple un rol irremplazable como garante de los derechos fundamentales, realizando alertas tempranas, acompañando a las víctimas y asegurando que la acción pública tenga un enfoque diferencial en territorios indígenas, afrocolombianos, campesinos y en general en relación con todos los sectores que se expresan y tienen vida en la sociedad colombiana.
La concurrencia coordinada de estos entes permite que la paz territorial no sea un acto declarativo, sino un proceso efectivo de justicia y protección, donde las víctimas ocupan el centro de la acción estatal.
3. La importancia de la concurrencia de los distintos ministerios en la construcción de la paz territorial
La paz, para ser total en los territorios, no puede ser vista exclusivamente como el fin del uso de las armas. Debe ser la garantía material de derechos sociales, económicos, culturales y políticos. En este sentido, la concurrencia de los Ministerios es clave:
a. Ministerio de Educación: Garantizar acceso a educación pública, intercultural y de calidad en zonas rurales y periféricas, combatiendo la exclusión histórica. Con una oferta educativa pertinente que reconoce la diversidad étnica y cultural, pero sobre todo que educa para el trabajo, el bienestar y la convivencia democrática.
b. Ministerio de Salud: Brindar acceso efectivo a servicios de salud física y mental, considerando los traumas de la guerra. Hacer del derecho a la salud un derecho fundamental y un servicio público de calidad y gratuito. La salud no puede seguir siendo una mercancía, ni sus presupuestos blancos de la corrupción.
c. Ministerio de Agricultura: Debe trabajar en la restitución de tierras, promover las reformas agrarias y rural, la seguridad ambiental, la seguridad alimentaria y el apoyo decidido y efectivo a la economía campesina, asociativa, mixta y empresarial justa.
d. Ministerio de Cultura: Fortalecer las identidades culturales como formas de resistencia y dignidad en los territorios.
e. Ministerio de Vivienda, Transporte, Minas. Invertir en infraestructura que conecte territorios aislados y que respete los principios de sostenibilidad ambiental de los territorios.
En general la concurrencia ministerial e institucional debe ser coordinada, integral y permanente, no episódica ni fragmentada, transformando el «abandono histórico» en presencia garantista que construya nuevos discursos de vida, dignidad y desarrollo.
4. La concurrencia del Congreso de la República en la construcción de la paz.
El Congreso de la República no puede seguir siendo una institución capturada y secuestrada por los intereses políticos y económicos de las elites colombianas, no puede ser un antro de la delincuencia y la corrupción, de la polarización y el odio, esa no es su misión histórica.
El Congreso de la república tiene la responsabilidad de construir el futuro legislativo de la nación como un escenario de ejercicio pleno de derechos y libertades. No tiene otra responsabilidad mayor que ayudar a construir la paz del país y los territorios.
5. La importancia de la concurrencia de los grupos armados ilegales en la construcción de nuevas formas de gobernabilidad y gobernanza alejadas de la violencia
Uno de los grandes desafíos es lograr que los grupos armados ilegales concurran a la paz territorial renunciando a las armas y adoptando nuevas formas de participación en la vida pública. Esto no significa legitimarse como estructuras armadas, sino transformar su energía social en proyectos productivos, políticos y culturales alejados de la ilegalidad.
Su concurrencia implica:
· Procesos de negociación serios y verificables, que permitan su desarme, desmovilización y reintegración efectiva.
· Garantías reales de participación política y económica, para que no vuelvan a encontrar en la violencia una alternativa.
· Reconstrucción de la legitimidad estatal, ocupando los vacíos de poder que estos grupos suplantaron y generando confianza en las instituciones democráticas.
· Impulso a nuevas formas de gobernanza local, basadas en asambleas comunitarias, planes de vida colectivos, autogobiernos indígenas o afros, donde excombatientes puedan integrarse sin reproducir dinámicas de exclusión.
· Incorporar a los antiguos actores armados en la construcción de nuevas formas de autoridad social, lejos de la violencia, es un acto de audacia política y de profunda transformación cultural.
Nada de esto es sencillo y requiere de la mayor imaginación y acompañamiento, hacer de la palabra empeñada un acuerdo de cumplimiento irreversible.
6. Principios Fundamentales de la Concurrencia para la Paz Territorial
Para que la concurrencia de todos estos actores sea real y eficaz, debe regirse por los siguientes principios esenciales:
Ø Primacía de los derechos humanos sobre cualquier otra consideración política o económica.
Ø Coordinación interinstitucional permanente, evitando duplicidades y omisiones.
Ø Participación activa y real de las comunidades locales como sujetos de transformación, no como meros beneficiarios pasivos.
Ø Compromiso ético de todos los actores públicos y privados en torno a la transparencia, la solidaridad y la dignidad humana.
Ø Reconstrucción del Estado Social de Derecho en cada territorio olvidado, combinando justicia, bienestar social y gobernanza democrática.
Solo bajo estos principios, la concurrencia podrá transformar la paz territorial en un proyecto colectivo de vida, justicia y dignidad, capaz de superar el legado de guerra y exclusión. La paz total se hace total en cada uno de los territorios
II. El Rol Protagónico de Comunidades Locales, Mujeres, Jóvenes, Infancias y Culturas Milenarias
La Paz Territorial y Total se construye con y desde quienes han sostenido la vida en medio del abandono: las comunidades locales. Ellas son depositarias de resistencias cotidianas, saberes milenarios y prácticas de vida dignas que han sobrevivido a la guerra y al despojo.
Las mujeres populares han sido la primera línea en la defensa de la vida, del agua, de los territorios y de los derechos humanos. Han tejido redes de apoyo, han sido lideresas silenciosas y han resistido tanto a la violencia armada como a la violencia institucional.
Los jóvenes, niños, niñas y adolescentes no son solamente víctimas potenciales de la violencia; son también portadores de nuevas energías, imaginaciones sociales y posibilidades de renovación política y cultural.
Las culturas indígenas, afro y campesinas ofrecen cosmovisiones que comprenden la vida en comunidad, el respeto por la naturaleza, la economía solidaria y la justicia restaurativa: todos principios fundamentales para una paz profunda y duradera.
Concurrencia organizativa de estas comunidades destaca la necesidad de fortalecer las redes comunitarias, los cabildos, las juntas de acción comunal, los colectivos juveniles y de mujeres, como bases reales del poder territorial. La Concurrencia grupal reconoce la importancia de pequeños colectivos organizados (familias, círculos culturales, cooperativas) en el tejido de una nueva vida social. Solo mediante esta convergencia de concurrencias se puede subvertir el orden impuesto por décadas de violencia, desigualdad y exclusión. La concurrencia debe garantizar que estas voces no sean folclorizadas, ni instrumentalizadas, sino reconocidas como autoridades epistemológicas y políticas en sus propios procesos de transformación.
III. La Responsabilidad Ineludible del Estado Social de Derecho
Colombia se define constitucionalmente como un Estado Social de Derecho, lo que implica obligaciones claras y vinculantes en materia de derechos humanos, democracia participativa y justicia social. Sin embargo, en vastas zonas del país, el Estado ha sido históricamente ausente, cómplice o directamente violento, permitiendo que la ilegalidad, el paramilitarismo, el narcotráfico y el abandono configuren el orden cotidiano. El Estado tiene, por tanto, una responsabilidad doble:
1. Reparar históricamente a las comunidades que ha dejado desamparadas o ha agredido, garantizando su derecho a la reparación integral, la memoria y la justicia.
2. Reconstruirse como un Estado verdaderamente democrático y descentralizado, donde los territorios no sean simples receptores de políticas públicas sino sujetos activos en la definición de su destino.
La paz no podrá construirse si el Estado continúa privilegiando la militarización y la represión sobre la participación ciudadana y el desarrollo territorial equitativo.
IV. La Recuperación del Constituyente Primario y de las Autonomías Territoriales
La construcción de la Paz Total, como paz territorial, como paz local, implica el rescate del poder constituyente primario: el pueblo en ejercicio soberano de su derecho a redefinir el orden político, económico y social. Esto exige:
a. Fortalecer mecanismos de participación real (cabildos, consultas populares, asambleas territoriales).
b. Garantizar presupuestos participativos y procesos de planeación desde las bases.
c. Reconocer la diversidad de formas de gobierno propio en territorios indígenas, afro y campesinos, conforme al artículo 7 y 246 de la Constitución Política.
La recuperación de las autonomías territoriales no es un acto de rebeldía, sino el cumplimiento de la promesa constitucional de un Estado pluriétnico y multicultural. Solo mediante el respeto a estas autonomías será posible construir un nuevo pacto social.
V. A manera de conclusión
Bueno es a manera de conclusión sobre esta reflexión surgido en un ejercicio de sinergias institucionales colocar unas ideas fuerza a manera de principios que puedan guiar las prácticas de la concurrencia múltiple y diversa hacia la construcción de la paz total, entendido lo total, no como lo nacional, sino, como el conjunto de requerimientos y necesidades que hay que resolver en cada territorio según su especificidad y particularidades.
A. Principios para la Concurrencia en la Construcción de la Paz Total
1. Principio de Participación Popular: La paz no se decreta, se construye desde la participación activa y consciente de los pueblos y comunidades.
2. Principio de Autonomía Territorial: Cada territorio tiene derecho a definir sus propias formas de gobierno, desarrollo y justicia, conforme a su identidad cultural y social.
3. Principio de Reparación Histórica: El Estado debe reconocer y reparar su responsabilidad en la violencia estructural y territorializada.
4. Principio de Diversidad Cultural: Las culturas indígenas, afro y campesinas son fundamentales para construir visiones de paz que respeten la vida, la tierra y los bienes comunes.
5. Principio de Protagonismo de Mujeres y Juventudes: Las mujeres populares y los jóvenes son actores estratégicos y prioritarios en los procesos de transformación social y territorial.
6. Principio de Decisión Soberana del Constituyente Primario: El pueblo organizado es el sujeto legítimo de las transformaciones económicas, sociales, políticas, culturales y ambientales, más allá de las representaciones formales del poder.
7. Principio de Estado Facilitador: El Estado debe ser un garante de derechos y un facilitador de procesos de autonomía y paz, un propulsor de los cambios generados por las comunidades, no debe ser un obstáculo, ni un organismo represor.
8. Principio de Territorialización de la Paz: la paz se construye desde la conflictividad de los territorios. No habrá paz nacional sin paz territorial; no habrá paz territorial sin justicia social, autonomía y participación.
