La semana pasada me correspondía el turno para la vacuna, pero no fue posible porque se suspendió el suministro a la mayor parte de las EPS, incluida la mía. Mi hermano mayor tenía cita para la segunda dosis de Sinovac y le pasó lo mismo: “Le avisaremos cuando lleguen las vacunas”. Cientos de miles de adultos mayores hicieron por largas horas la fila de la esperanza y nada.
El Plan de Vacunación está plagado de problemas de planeación, ejecución y evaluación de resultados. Para empezar, no hay información pública suficiente como se despende de una crónica del periodista Sergio Silva Numa (EE 24 de abril). Los agregados permiten ubicar a Colombia como uno de los cuatro países con menor desempeño en la región con apenas el 2.5% de la población vacunada en comparación con Chile, 30%; pero mejor que Ecuador con el 1.2%.
Hasta el 21 de abril, Colombia había comprado, sin saberse a qué precio ni el cronograma de arribo, 66.5 millones de vacunas, de las cuales habían llegado 5.615.184; y había aplicado 4.224.659 primeras dosis pero faltaban por aplicar 1.320.251segundas dosis. Sin tener un plan de contingencia frente a previsibles demoras en el cronograma de entregas, durante la semana de abril 19 se frenó la vacunación en la mayor parte del país por falta de vacunas.
La ausencia de transparencia en la información disponible hace imposible determinar qué porcentaje del personal médico ha sido vacunado, cuántos adultos mayores y de cuál estrato socioeconómico, municipio y departamento; para que se pueda cuantificar el logro de metas y la equidad -o falta de ella- en su aplicación. Este último aspecto es esencial, pues todas las actividades de salud pública, desde el acceso a un nivel adecuado de servicios a la asignación de camas en las UCI, deben regirse por estándares de bioética, entre ellos, la asignación de recursos escasos independientemente de clase social, ubicación geográfica o edad, entre otras condiciones.
La pandemia ha dejado al descubierto las profundas desigualdades de nuestra estructura social. Como dice Eduardo Díaz Amado, director del Instituto de Bioética de la Universidad Javeriana, “Una sociedad donde unos pocos tienen buenos servicios de atención médica en virtud de su posición, poder o dinero mientras el resto debe luchar, a veces sin éxito, para obtenerlos, está fallando.”
El panorama se torna más inquietante cuando cifras del Banco Mundial revelan que 9 de cada 10 vacunas han sido aplicadas en los países ricos y la mitad del total, en los más ricos del G7.
El mundo ha perdido hasta ahora la oportunidad de hacer lo correcto frente a las vacunas. En el seno de la Organización Mundial del Comercio (OM
- C) se intentó levantar temporalmente las patentes para que los países pudieran producir libremente la vacuna, lo que aumentaría su disponibilidad a la vez que reduciría su precio, haciéndola accesible a todos. El gobierno de Colombia no acompañó esta iniciativa que beneficia a las farmacéuticas de los países ricos y condena a los pobres del planeta entero. La vacuna es el salvavidas, pero ha triunfado el afán de lucro sobre la bioética. Eso tiene que cambiar en Colombia y el mundo.
