“La descomposición de todo gobierno comienza por la decadencia de los principios sobre los cuales fue fundado”. Montesquieu
Luis XIV, murió en 1715, a los 76 años y 72 de reinado, uno de los reyes más representativos de la monarquía absoluta cuando la edad media llegaba a fin, se le atribuye la afirmación “El Estado soy yo”, es decir el poder absoluto para gobernar, legislar y administrar justicia. El último rey de Francia, Luis XVI, fue condenado a muerte y guillotinado, casi 5 años después de iniciada la revolución francesa, su esposa María Antonieta corrió la misma suerte 10 meses más tarde. Sobre la sangre del rey decapitado, la multitud entonó estrofas de la Marsellesa y gritó viva la republica.
En adelante todos los ciudadanos nacerían libres e iguales ante la ley. El régimen feudal había muerto. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano aprobada en agosto de 1789, sentó las bases de las repúblicas y de las democracias, en su artículo 16 se señala que un Estado que no garantice los derechos humanos y no establezca la separación de poderes, carece de Constitución. En nuestro suelo Antonio Nariño, por traducirla y difundirla, fue perseguido y encarcelado, pero contribuyó a derrumbar el imperio español y al advenimiento del constitucionalismo republicano de la independencia.
El fin del feudalismo fue impulsado por la Ilustración o Siglo de las Luces, donde pensadores como Descartes, Locke, Voltaire, Rousseau, Hobbes, Hegel, Kant, entre otros y mujeres como Madame de La Fayette, Lady Mary Wortley Montagu, Olympe de Gouges y Mary Chudleigh, contribuyeron a que se superara la superstición, el dominio religioso sobre la ciencia, la reivindicación de los derechos humanos y la separación de poderes contra la tiranía.
¡Atrévete a saber! fue el objetivo de Immanuel Kant, en su obra ¿Qué es la Ilustración?, donde explica que la ignorancia no es tanto la falta de inteligencia, sino la falta de valor o de decisión para pensar sin ayuda ajena. Como estamos transitando de nuevo los caminos de la superstición, de la ignorancia llevada al poder, de la invocación religiosa para encubrir la falta de asertividad del Presidente y la Vicepresidenta de la República en la conducción del Estado y del Gobierno, como parece imponerse la fuerza de las amenazas y de la violencia, sobre la fuerza de los argumentos; es necesario reaccionar, para que no nos devuelvan a la Edad Media, ni confundan su vocación feudal o plebeya con los intereses de la República.
El objetivo de esta columna, valorando los dos primeros años de gobierno, de Iván Duque, es el de invitar a la ciudadanía toda, a los demócratas de Colombia sin distingos políticos, ni partidistas, ni religiosos, a que defendamos la institucionalidad del país, el Estado Social de Derecho consagrado en la Constitución Política, los derechos humanos, el derecho a la paz y la separación de poderes, como fuente de la democracia misma. Invito que en esta ahora aciaga por la crisis de la pandemia y desinstitucionalización del país, le reclamemos al Gobierno que cumpla con la Constitución Nacional y con la ley. El art. 178 de la Constitución Política establece que “El Presidente de la República simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los ciudadanos”. No ha actuado en estos dos años de Gobierno en pro de la unidad nacional. Todo lo contrario ha actuado en función de los intereses particulares y en desmedro de las instituciones, el bienestar colectivo, el interés general, los derechos humanos y la paz del país, incumpliendo el juramento establecido en el art. 192 de la Constitución.
El Presidente de la República debe responder por los actos y omisiones que violen la Constitución o las leyes según el art. 198 de la Constitución. Es decir que debe responder ante su juez natural, que en el ejercicio del fuero como Presidente, art. 175, es el Congreso de la República. El Presidente ha violado y sigue violando el art. 201 de la Constitución que lo obliga no solo a respetar las decisiones judiciales, sino a respaldarla “para hacer efectivas sus providencias”.
Frente a la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que de manera unánime decidió imponer una medida de detención domiciliaria al senador Uribe Vélez, el Presidente Iván Duque, en medios oficiales y distintas entrevistas ha manifestado su desacuerdo con la decisión tomada por el máximo órgano de justicia y atreviéndose a sugerir el sentido que tendrían que tener las decisiones judiciales de la Corte, confundiendo a la ciudadanía y provocando reacciones adversas e incluso violentas contra la institucionalidad, poniendo en riesgo a los magistrados y a la propia ciudadanía que llama a respetar los fallos judiciales.
El Presidente Duque exacerba el clima ya violento de por sí, contribuyendo a la polarización y olvidándose que no es un ciudadano cualquiera, sino Jefe de Gobierno, Jefe de Estado, Suprema Autoridad Administrativa y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República. Su obligación es promover la unidad de la nación y no su desintegración, defender la institucionalidad y no desvertebrarla, defender los derechos humanos de toda la ciudadanía y no promover la vulneración de los que critican su gestión.
Por otra parte el Presidente Duque en reacción a la decisión de la CSJ, ha aprovechado sus manifestaciones de “dolor como colombiano” para exteriorizar una vez más su desafección al proceso de paz y, exponiendo de nuevo la vida e integridad de quienes firmaron el Acuerdo y de buena fe han cambiaron la lucha armada por la lucha política bajo las reglas de la democracia, aceptando someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP-. Más grave aún el Presidente confunde a la ciudadanía, cuando no distingue entre los desertores del proceso y quienes si han cumplido, como si su voluntad fuese la de provocar más deserciones y por lo tanto más violencia.
El Presidente ha inducido también a la ciudadanía a estar en contra de la institucionalidad y obligaciones que surgieron del Acuerdo de Paz, sus reiterados cuestionamientos a la JEP, desde las seis objeciones a sus competencias que quiso cambiar a través del Congreso y presiones a la Corte Constitucional, hasta las manifestaciones públicas exigiéndoles decisiones que se instrumentalizan para hostigar aún más a los dirigentes del partido político FARC que se declararon en oposición a su gobierno y que actúan dentro de la institucionalidad.
Según el registro de Indepaz han sido asesinados en lo que va corrido de 2020, 33 reincorporados de las FARC, 223 desde que firmaron el Acuerdo de Paz y entregaron las armas al Estado. Las respuestas vagas y generalizadas contribuyen a la impunidad “que fueron víctimas de las disidencias” “que fue el ELN” “que fueron los rastrojos”, etc., frases comunes que niegan la sistematicidad de los ataques en distintas regiones del país. El Estatuto de la Oposición, ley 1909 de 2018, establece en su art. 30 “En el marco del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, el Gobierno Nacional estructurará programas de protección y seguridad con enfoque diferencial y de género para los directivos y miembros de las organizaciones políticas declaradas en oposición”.
Obligación legal que el Gobierno ha desatendido. Esta obligación gubernamental se plasmó en el punto 2.1.2 del Acuerdo Final, con el objetivo de garantizar una cultura de convivencia, tolerancia y solidaridad, con garantías para evitar cualquier forma de estigmatización y persecución de dirigentes por motivo de sus actividades políticas, de libre opinión o de oposición, garantizándoles la seguridad y la vida, en respeto de la dignidad humana, en la promoción y respeto de los derechos humanos, en la defensa de los valores democráticos, que la seguridad, en el ámbito de la participación política en el marco de lo establecido en el punto 2 del Acuerdo, se define como «una concepción moderna, cualitativamente nueva, de la seguridad que, en el marco del fin del conflicto, se funda en el respeto de la dignidad humana, en la promoción y respeto de los derechos humanos y en la defensa de los valores democráticos, en particular en la protección de los derechos y libertades de quienes ejercen la política, especialmente de quienes luego de “la terminación de la confrontación armada se transformen en opositoras y opositores políticos y que por tanto deben ser reconocidos y tratados como tales”.
El propósito además de otorgar las garantías para la reincorporación y para la oposición política, ha sido el de contribuir a dignificar el ejercicio de la política. Sin embargo el Presidente Iván Duque ha incumplido con esta responsabilidad, establecida en el Acuerdo pero también en el Decreto Ley 895 de 2017.
El Decreto establece la obligación de crear la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que sólo ha sido convocada algunas veces, sin seguimiento y sin ningún impacto preventivo y, la Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, que nunca ha sido convocada, entre otras instituciones inoperantes. Los asesinatos sistemáticos y selectivos contra los reincorporados de las FARC, se siguen perpetrando por la responsabilidad omisiva del Presidente de la República. La Misión de Verificación de la ONU en informe del 30 de junio de 2020, sobre la situación de riesgo de los reincorporados, señalan que “ a la luz de la creciente vulnerabilidad de las y los excombatientes fuera de los antiguos espacios territoriales y los asesinatos que han continuado durante la pandemia vuelve a poner de manifiesto que es urgente adoptar medidas inmediatas y concretas para hacer frente a este problema.1”
La JEP mediante auto del 29 de julio de 2020, de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, luego de valorar la ausencia de respuestas adecuadas por parte del Gobierno para proteger a los reincorporados, mediante medida cautelar ordenó que en el curso de los siguientes 10 días y 60 días todas las instancias pactadas y las entidades gubernamentales den la respuesta que requiere la protección efectiva de los excombatientes. Esperemos que el Gobierno del Presidente Duque cumpla con esta orden judicial2.
El Presidente Duque ha vulnerado el art. 22 de la Constitución que establece que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. En lugar de resaltar las ventajas para la democracia, para la sociedad, para la institucionalidad, para la economía del país del Acuerdo de Paz alcanzado lo ha minado permanentemente. Las decisiones equivocadas han alentado las disidencias y debilitado a los que se mantienen en el proceso de paz reclamando garantías. Que el Presidente Duque no haya negociado, ni firmado el Acuerdo de Paz, no lo hace menos responsable de su cumplimiento. El Acuerdo de Paz es exigible por el acto legislativo 01 de 2016 y todos los decretos con fuerza de ley que fueron expedidos y refrendados por el Congreso y con al acto legislativo 02 de 2017.
Este establece su fuerza vinculante “Las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final. En consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final”. La buena fe ha faltado, se logró desmovilizar a una de las fuerzas guerrilleras más antiguas del mundo y el Acuerdo Final ha gozado del apoyo unánime del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de la Asamblea General de la ONU.
Lo pactado es un ejemplo para ayudar a resolver muchos otros conflictos armados en el mundo, por vez primera se pacta una justicia transicional que debería poder imponer penas de carácter restaurativo para quienes colaboran con la verdad, la reparación de las víctimas y las garantía de no repetición. Sin embargo avanza con dificultades por la ausencia de voluntad política del Gobierno de Iván Duque para cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales.
La falta de una política de paz de este Gobierno se extendió a la decisión gubernamental de no continuar los diálogos que se iniciaron en Ecuador y luego en Cuba, con el Ejército de Liberación Nacional, con el acompañamiento de 6 países ( Ecuador, Venezuela, Brasil, Chile, Noruega y Cuba ) y estos dos últimos como garantes, desconociendo el Protocolo que fue pactado el 5 de abril de 2016, en el que fijaron las reglas de juego para garantizar la seguridad de la delegación del ELN en caso de ruptura de las negociaciones. Sirvió de pretexto el atentado del ELN en Bogotá donde perdieron la vida 21 cadetes, para romper las negociaciones, cuando justamente la razón de ser de las negociaciones es buscar el fin de la guerra y de poner fin a hechos atroces como los cometidos contra los humildes jóvenes de la Policía.
Pese a que el Gobierno de Noruega y Cuba, como los demás países que acompañaron el proceso de negociación, le han recordado al Gobierno de Iván Duque, que los compromisos de Estado deben respetarse, el Gobierno colombiano en rompimiento de estas obligaciones ha adelantado una política de agresión contra el Estado cubano, por negarse a extraditar a los negociadores del ELN que estarían en su territorios, dañando profundamente las relaciones internacionales de Colombia y afectando a un país que con solidaridad ha contribuido a la superación de la guerra en Colombia. Agrediendo a Cuba el Gobierno de Iván Duque contribuyó para que el Gobierno de Donald Trump, el 13 de mayo de 2020, incluyera a Cuba en su lista negra de países que no colaboran plenamente en la lucha antiterrorista, una medida que prohíbe vender armas a la isla, alegando la presencia en el país de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Con el mismo pretexto, el Gobierno de Colombia, por primera vez en su historia se abstuvo en noviembre de 2019 de condenar en el seno de la Asamblea de las Naciones Unidas el embargo contra Cuba que mantiene Estados Unidos contra la isla ahogando su economía. Mientras todas las naciones del mundo aprobaron la resolución de la Asamblea General “la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba”, con el solo voto en contra de EEUU y de Israel y la abstención de Colombia3. Tratándose de una abierta y reiterada violación del Gobierno de los Estados Unidos de la Carta de la ONU, la política exterior de Colombia nos avergüenza ante el mundo.
No es extraño entonces que dos años después del Gobierno de Iván Duque, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se hayan realizado 36 masacres en 2019 con 133 víctimas mortales, la cifra más alta desde 2014 cuando se registraron cinco casos en los que murieron 51 personas. En lo corrido de 2020, la Policía Nacional ha reportado siete masacres en las que perdieron la vida 30 colombianos4, pese a la pandemia y el confinamiento.
También se han asesinado 183 líderes y lideresas sociales en lo que va corrido del año 20205. Desde la firma del Acuerdo de Paz a julio de 2020, 349 líderes sociales fueron asesinados. Por otra parte, también ocupamos el vergonzoso récord de ser el país donde más defensores de la naturaleza se asesinaron en el 2019, según informe de Global Witness. 64 ambientalistas fueron asesinados en Colombia, seguido de Filipinas donde se asesinó a 43 ecologistas6. La persistencia de estos asesinatos y la ausencia de una verdadera voluntad política del Estado para detenerlos, en particular demuestra una omisión gubernamental que facilita el exterminio sistemático. Falta el Presidente Iván Duque a sus obligaciones contenidas en los arts. 2, 11,12 y 188 de la Constitución Política.
Por último quiero también destacar que el Presidente Iván Duque ha violentado la Constitución Política en relación con el manejo de las relaciones internacionales, además de los episodios ya citados ha actuado en contra del art. 9 que consagra “Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto de la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. De igual manera, la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe”. Todos los preceptos de este artículo los ha violado el Presidente Iván Duque, al igual que el preámbulo de la Constitución Política.
Su política internacional ha estado orientada a servir los intereses hegemónicos del Sr. Donald Trump en la región, ha violentado la soberanía y autodeterminación de los pueblos, obligaciones contenidas en la Carta de la ONU, en los pactos de Derechos Civiles y Políticos, como el de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales de la ONU.
En curso está la campaña para elegir al Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), desde su fundación en 1959, siempre ha estado dirigido por un latinoamericano y en esta oportunidad con la complicidad del Brasil de Bolsonaro y de Duque, se rompe el consenso latinoamericano, para favorecer al candidato de Donald Trum, Mauricio Claver-Carone, de nacionalidad estadounidense, como candidato en la votación que tendría lugar entre el 12 y 13 de septiembre próximo. Inconcebible además, por que el Sr. Iván Duque trabajó en el BID de 2001 a 2013 y conoce de primera mano la tradición y la importancia de que un latinoamericano esté al frente de la entidad.
Por otra parte ante la opinión pública colombiana pasó desapercibido un hecho que lesiona seriamente la soberanía nacional, a mediados de julio de 2020 y que debió suscitar una enorme indignación, en reunión con Donald Trump el almirante de la Armada de los Estados Unidos y jefe del Comando Sur, Craig S. Faller, presenta al brigadier general colombiano Juan Carlos Correa. Faller, luego de solicitarle que se ponga de pie : “El presidente Duque nos ha enviado lo mejor y ha pagado por ello. Entonces viene aquí totalmente pagado por Colombia, y trabaja para mí.
Y es un reconocimiento de que Colombia estuvo con nosotros en el mundo, en la guerra de Corea, y que hoy están con nosotros”7. Ni una nota de protesta del Gobierno colombiano muestran la aquiescencia con lo afirmado por el Almirante Feller, el Ejército de Colombia está al servicio del Ejército de los Estados Unidos. Y antes de esta reprochable vulneración de nuestra soberanía, la embajada de los EEUU en Colombia nos anunció el 27 de mayo de 2020, antes que el Gobierno Nacional lo hiciera, que llegaría una fuerza élite al país dirigida por el Almirante Feller con el objetivo de luchar contra el narcotráfico y en “apoyo a la paz regional, el respeto de la soberanía y a la promesa duradera de defender los ideales y valores compartidos”8.
A la luz de todos los anuncios y actuaciones de Feller contra el Gobierno de Nicolás Maduro, la llegada de sus tropas indicarían más bien la intención de comprometer a Colombia en una guerra con el vecino país. Un fallo de tutela de la sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, del 1 de julio de 2020, señaló que la autorización del Gobierno para la llegada de los militares estadounidenses debió pasar por el Senado de la República y ordenó que se enviara a esta corporación “toda la información y antecedentes relacionados con el ingreso, llegada y permanencia de la Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad del Ejército de los Estados Unidos de América”. Para el Tribunal, el permitir el tránsito de tropas extranjeras en el territorio colombiano es atribución del Senado y es competencia del Consejo de Estado, por la vía de consulta, como desarrollo del control político que ambos ejercen sobre el Presidente de la República9.
El Presidente Duque vulneró el art. 173, numeral cuarto y el art. 237, numeral tercero de la Constitución, no pidió la aprobación previa del Senado para autorizar la presencia de tropas extranjeras en nuestro territorio, ni consultó al Consejo de Estado como es su obligación. Es mi obligación como ciudadano y como funcionario público, advertir que las reiteradas violaciones a la Constitución Política del Presidente Iván Duque, deben ser objeto de investigación disciplinaria y penal por la Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes, al faltar a sus obligaciones como jefe de Estado y de Gobierno, le está faltando al país, está afectando la democracia, la separación de poderes y nos lleva hacia atrás como nación.
1 https://colombia.unmissions.org/sites/default/files/n2015185.pdf
2 Expediente JEP: 2020340161400008E Asunto: Magistrada sustanciadora, Reinere de
los Ángeles Jaramillo Chaverra, Ordena medidas de protección en el trámite de oficio de MC de
comparecientes forzosos ante la JEP
3 Asamblea General Septuagésimo cuarto período de sesiones 28ª sesión plenaria Jueves 7 de noviembre de 2019, Nueva York, https://undocs.org/pdf?sy
4 https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/la-guerra-en-los-dos-primerosanos-del-gobierno-duque/
5 http://www.indepaz.org.co/paz-al-liderazgo-social/
6 Report / July 29, 2020 DEFENDING TOMORROW, Global Witness
7 Ver video de la reunión en https://youtu.be/TZ5YVY0B8po
8 https://www.defensa.com/colombia/embajada-estados-unidos-confirma-envio-tropas-colombia-para
9 Magistrada ponente Bertha Lucy Ceballos Posada, Radicado 25 000 2315 000 2020
02312 10 accionante Iván Cepeda Castro y otros
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