El Presidente Gustavo Petro le ha propuesto al país un gran Acuerdo Nacional para avanzar en los procesos de cambio y transformación que demanda la nación para superar la grave crisis que nos tiene en la bancarrota completa. Punto esencial de tal Acuerdo Nacional son los Diálogos regionales vinculantes que determinen la Agenda pública en los territorios.
Las soluciones de los graves problemas de nuestro país hay que construirlas en los territorios, en los municipios, departamentos y regiones. Colombia es un país de regiones que el centralismo oligárquico ha desconocido en los últimos 220 años con la violencia y el más aberrante clientelismo.
La violencia y los conflictos anidan en las regiones y por tanto la paz y la convivencia hay que construirla desde abajo y de la mano de las comunidades campesinas, indígenas, afros y ciudadanas; con las mujeres, los jóvenes y trabajadores.
El Presidente Gustavo Petro ha dicho que se requiere construir esos diálogos regionales vinculantes pero no como una torre de babel o un aquelarre sin definiciones y objetivos claros que llevarían a enfrascarse en conversaciones estériles e interminables. Se trata más bien de procesos que reflejen unos compromisos responsables con las comunidades. Esos diálogos deben evitar los fracasos de diálogos como el de paz de La Habana (destruidos por Duque y el uribismo), los diálogos de Nariño, de Buenaventura (paro cívico de 2017), Samaniego (Acuerdo del Buen Vivir), Choco[1], con la Minga indigena[2] y muchos otros. Diálogos regionales que nos permitan mirar el conflicto en su especificidad histórica, en su especificidad regional.
La propuesta del Presidente Gustavo Petro ya ha sido lanzada y sus potenciales políticos son descomunales, al tiempo que implican un gran desafío para el movimiento popular y los movimientos sociales que han sido protagonistas estelares de la actual coyuntura histórica.
Tanto sobre el Acuerdo Nacional como sobre los Diálogos regionales es necesario formular algunas cuestiones que propicien una reflexión muy profunda y también plantear algunos puntos estratégicos que iremos examinando a profundidad en próximas notas de prensa y en documentos de fondo que permitan proyectar una Pedagogía de los diálogos petristas para la paz, contra la corrupción, el clientelismo y la conquista de los derechos fundamentales de millones de seres humanos.
Sobre el Acuerdo nacional surgen las siguientes preguntas: ¿cuál será la mecánica del dicho acuerdo nacional? ¿Cuáles temas? ¿Con que metodología? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuándo se iniciaran? ¿Qué se espera del Acuerdo?
En todo caso el Acuerdo Nacional debe tener fechas de inicio y de conclusión, metodología ordenada y resultados, algo que Gustavo Petro tiene claro en su estrategia de cambio y transformación de Colombia hacia el Siglo XXI.
Sobre los diálogos regionales vinculantes los interrogantes que nos planteamos son los siguientes ¿En qué sentido los diálogos serán vinculantes? ¿Con que metodología se adelantaran? ¿Cuál la relación de estos diálogos con temas como la reforma tributaria, la construcción del Plan de desarrollo, la reorientación de los Pdet, la reforma agraria democrática, el combate a la corrupción, la aprobación de presupuestos participativos, la defensa del agua y de los recursos ambientales, la deforestación, el fracking y el extractivismo minero?
En principio coloco unos temas que son prioritarios para crear confianza en las comunidades y promover su activa participación:
Primero. Desmilitarizar las regiones para que las comunidades acojan esos diálogos con entusiasmo, pues La situación humanitaria se ha agravado con desplazamientos y masacres. Hay que eliminar las denominadas Zonas futuro (laboratorios de guerra del uribismo), hay que suspender la Operación Artemisa en el Meta, Guaviare y Caquetá, hay que retirar la Fudra Omega del Caquetá y Meta (expresión del pentagonismo contrainsurgente), se deben retirar dispositivos militares y paramilitares en el Choco, Cauca, Putumayo, Sur de Bolívar, Arauca, Vichada y Catatumbo.
Segundo. Disolver el ESMAD y realzar las guardias campesinas, indígenas, cimarronas y comunitarias en los centros urbanos.
Tercero. Hay que adoptar rápidamente los acuerdos de Paz en materia de participación ciudadana y veedurías con auditoria social, retomando todos los mecanismos e instrumentos de participación democrática consagrados en la Constitución de 1991, las leyes 134 de 1994, la ley 1757 del 2015, la jurisprudencia de la Corte constitucional sobre la materia y las experiencias internacionales.
Cuarto. Hay que avanzar en procesos anticorrupción en las regiones, especialmente donde los 56 clanes mafiosos de la politiquería regional han secuestrado el Estado en sus niveles locales y regionales. La Comisión anticorrupción que presidirá Iván Velásquez será clave para abordar casos críticos como la Alcaldía de Armenia, la Universidad del Pacifico, la Universidad del Quindío, el Vice Ministerio de Educación Superior (escriturado a la señora Dilian Francisco Toro), el DPS (robos de Diego Moreno Tirado, Alejandro Cárdenas y Senador Miguel Ángel Pinto), Invima, la gobernación de Bolívar, la gobernación del Valle del Cauca, la de Santander, la de Risaralda y otros casos emblemáticos de saqueo de los dineros del Estado. No ha que olvidar que el voto de la gente en las elecciones pasadas fue contra la corrupción y la impunidad de sus artífices.
Quinto. Se debe avanzar en la constitución de nuevas subjetividades políticas asociadas a la ruta programática establecida en el Pacto Histórico y el planteamiento discursivo de Gustavo Petro.
Los diálogos regionales vinculantes deben agotar una reflexión a fondo sobre lo que filosófica y sociológicamente son los diálogos; las “epistemologías del sur” seran un referente obligado de este nuevo proyecto colectivo planteado a los 50 millones de colombianos por el presidente Gustavo Petro.
Nota. Feliz con el nombramiento de Álvaro Leiva Duran como nuevo Canciller de la paz del Estado colombiano. Leiva Duran es un símbolo de la paz y del compromiso con democrático. Mis felicitaciones. Gran acierto de Gustavo Petro.
[1] El Acuerdo Humanitario Ya en Chocó, fue una iniciativa de organizaciones de sociedad civil que surgió en 2018 y planteó siete exigencias al gobierno nacional: desmonte de estructuras de grupos armados ilegales, respeto por la autonomía territorial, ponerle fin a la instalación de minas antipersonales, frenar el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, acabar con los asesinatos y desapariciones forzadas, suspender las acciones que generen desplazamientos y cesar la siembra de cultivos de uso ilícito. Una de las preocupaciones que ha planteado el Foro Interétnico de Solidaridad con Chocó, organización que hizo parte de las que construyeron el Acuerdo, es que se ha hecho caso omiso a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría en las que se hablaba del riesgo inminente de la expansión de grupos armados a nuevos territorios. “Están en el Baudó, el San Juan, en la costa Pacífica y en el Medio y Bajo Atrato. Pasaron de tener 90 a poco más de 400 hombres. No escuchan a las autoridades étnicas e imponen su fuerza”.
[2] El genocidio de pueblos indígenas es algo que viene ocurriendo hace más de 20 años y nadie ha hecho nada para detenerlo”. Una de las prioridades en este caso debe ser cumplir el Decreto 1811 de 2017 pactado entre el Consejo Regional Indígena del Cauca y el Gobierno nacional en su momento para hacer seguimiento a las necesidades de esta población en el departamento. Ese documento es importante porque marcó un hito en los diálogos regionales que ha tenido la población indígena con los gobiernos en Colombia, pero no todo se ha implementado porque seguimos en abandono estatal y sin garantías para ejercer el gobierno propio en algunas zonas del país.
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