Desde Cúcuta en zona de frontera con Venezuela, Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), hizo un grave pronunciamiento contrario a la Carta Democrática del organismo internacional que representa. “En cuanto a la intervención militar para derrocar a Nicolás Maduro, no debemos descartar ninguna opción,” afirmó en rueda de prensa con presencia del canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo.
La reacción latinoamericana no se hizo esperar. Los gobiernos de Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Santa Lucía, países miembros del Grupo de Lima, emitieron al día siguiente una declaración conjunta en la que manifiestan “su preocupación y rechazo ante cualquier curso de acción o declaración que implique una intervención militar o el ejercicio de la violencia, la amenaza o el uso de la fuerza en Venezuela”; no sin antes reafirmar “su compromiso para contribuir a la restauración de la democracia en Venezuela y a la superación de la grave crisis política, económica, social y humanitaria que atraviesa ese país, a través de una salida pacífica y negociada” en el marco del derecho internacional.
De manera paradójica Colombia, país anfitrión donde Almagro produjo las afirmaciones que causaron revuelo internacional, no suscribió la declaración del Grupo de Lima. El Canciller Carlos Holmes Trujillo se limitó a informar que “no hubo coincidencia total en los términos de la declaración, pero hay identidad de propósitos”.
No hay que olvidar que en varias oportunidades han salido a la luz pública declaraciones y desmentidos sobre la posibilidad de una intervención militar en Venezuela que los gobiernos de los principales países de América Latina han rechazado de tajo. No por ello deja de causar preocupación su reiteración en boca del Secretario General de la OEA y posteriormente por parte del novel embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, quien tuvo que ser corregido por el Presidente Duque al aclarar que Colombia no tiene ánimo belicoso.
El 11 de agosto de 2017, el Presidente Trump ya había manifestado que no descartaba, dentro de las alternativas a su disposición frente a Venezuela, la “opción militar”. En el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas al mes siguiente, volvió a plantear el tema en cena privada con los presidentes Juan Manuel Santos de Colombia, Michel Temer de Brasil, Juan Carlos Varela de Panamá y la vicepresidenta de Argentina Gabriela Michetti. Todos rechazaron esa posibilidad de plano, como reportó Radio Caracol el 7 de julio pasado. Incluso, por esos días, el entonces presidente electo Duque, interrogado sobre tal opción, tampoco respaldó una intervención militar y con sobrada razón.
Colombia debe defender su interés nacional sobre cualquier otra consideración. Son seis millones de compatriotas residentes en el vecino país, 2.219 kilómetros de frontera y una larga historia compartida, los elementos fácticos además de los jurídicos que determinan que debemos atenernos a los principios de la buena vecindad. La buena vecindad empieza por respetar el derecho internacional, como lo recuerda la declaración de los países del Grupo de Lima, y prosigue con la búsqueda negociada de soluciones a las diferencias que surgen. El éxodo de venezolanos es un caso paradigmático para el ejercicio de la diplomacia que, por desplegar sus efectos sobre varios países, ha adquirido manejo internacional que debe regirse por la ley, los usos y las costumbres internacionales, todas las cuales se basan en las vías pacíficas. Colombia haría bien en poner oídos sordos a llamados como el del Secretario General de la OEA – del cual tuvo que retractarse – y ser más contundente en el desmentís de Francisco Santos para establecer como únicos principios inspiradores de las relaciones con Venezuela y los demás vecinos, el interés nacional y el derecho internacional.
