Las violencias que sufren los excombatientes de las FARC, los migrantes venezolanos, y defensores de DDHH en Colombia son los puntos de máxima preocupación del más reciente informe global de la ONG Amnistía Internacional. El documento presentado este lunes asegura que los defensores de la tierra y del medio ambiente, continuaron en riesgo por hostigamientos, amenazas y atentados durante el año pasado, e incluyó a mujeres, comunidades indígenas y población LGTBI.
También en su informe, Amnistía aseguró en su documento sobre derechos humanos que “continuaron los ataques contra los medios de comunicación y su personal”, lo que amenaza y pone en riesgo la libertad de expresión, y agregó que también se “denunció el uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de autoridades del Estado”.
El documento destaca que el presidente Gustavo Petro reanudó reuniones de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, creada por el Acuerdo de Paz, Santos-FARC, para implementar una política pública para el desmantelamiento de grupos armados; y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro.
También resalta las conversaciones de paz que se adelantan entre el Gobierno Petro y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, en el marco de la búsqueda de la llamada paz total, que pretende acoger a todos los grupos ilegales.
La ONG también remarcó la importancia de la ratificación en el Congreso del Acuerdo de Escazú y la aprobación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
Amnistía recordó que la Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional debido a la constante y masiva violación de sus derechos fundamentales a la vida, su integridad física y su seguridad, haciendo referencia directa a la situación de vulnerabilidad que viven los excombatientes de las FARC firmantes de La Paz.
Según el documento, 220 emergencias humanitarias relacionadas con confinamientos y desplazamientos forzados afectaron al menos a 249 mil 106 personas, principalmente en el Pacífico y a lo largo de la frontera con Venezuela. La onege Amnistía indicó que la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) recuperó los cadáveres de 185 personas desaparecidas en el marco del conflicto interno armado y señaló que civiles, exmilitares y excomandantes de las FARC fueron acusados ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Amnistía celebró la “histórica” decisión de la despenalización del aborto en 2022 y también hizo referencia a un macro caso de la JEP sobre violencia sexual y reproductiva; motivada por la orientación sexual en el contexto del conflicto armado.
