Por: Germán Navas Talero y Pablo Ceballos Navas
Editor: Francisco Cristancho R.
Cuando la sociedad se acostumbra al fraude no puede decirse que impera la ley.
Si algo ha quedado demostrado tras los comicios del 29 de octubre es que hay quienes no respetan la voluntad popular. Así como la alcaldesa Claudia López afirma que la elección fue indicativa del respaldo ciudadano al metro elevado, si fuera consecuente en su razonamiento tendría que admitir que el tal ‘Corredor Verde’ fue derrotado en las urnas. De los rostros que aparecían en el tarjetón solo un candidato respaldaba el esperpento de Peñalosa y Claudia, y tal fue vencido en democracia. La alcaldesa sostiene que el voto en favor del metro se dio en proporción 82/18, siendo este último el porcentaje de votación de Gustavo Bolívar, pero no advierte que lo mismo puede decirse del voto en contra del TransMilenio por la carrera séptima, en proporción 80/20.
No obstante lo anterior, en uno de sus acostumbrados arrebatos autoritarios la burgomaestre decidió atacar la orden del juez de acción popular y, en asocio con los proponentes del ‘Corredor Verde’, presentó una tutela con el propósito de mantener el proyecto en firme. La señora alcaldesa, olvidadiza por estos días, pasa por alto que la decisión del juez en sede de acción popular se debió justamente a un compromiso adquirido por ella y consignado en el artículo 105 del Plan Distrital de Desarrollo, a cuyo tenor “[e]n ningún caso el corredor verde incluirá una troncal de transporte masivo como la que se planteó en el proyecto diseñado por el Instituto de Desarrollo Urbano durante 2017 y 2018”. Eso pasa cuando uno miente tanto y tan seguido, que pierde la cuenta. Celebramos la valiente lucha de algunos concejales y ciudadanos que han acudido a la justicia en procura de los derechos de todos, y confiamos en que prevalecerán ante esta defensa, ciertamente pobre, de la alcaldesa y sus socios.
A nosotros la justicia a veces nos genera dudas, no porque presumamos la mala fe ni porque creamos que les falta conocimiento o capacidad a los funcionarios judiciales, sino porque no hallamos razón a decisiones, como la adoptada por una fiscal en el caso que se sigue contra Cielo Gnecco Cerchar. Resulta que la Fiscalía obtuvo la autorización de un juez de la República para imponer medida de aseguramiento a la señora Gnecco, así como para ordenar su captura inmediata a efectos de ser privada de su libertad, y con todo y eso, una fiscal revocó la orden de detención y dejó a Cielo en el cielo. La decisión de la señora Nancy del Carmen Martínez fue tan abrupta y tan absurda que su jefe, el fiscal general, anunció que sería investigada por sus acciones. Imaginen ustedes, hasta Barbosa es consciente de la arbitrariedad manifiesta en que incurrió la fiscal. Lo cierto es que nada de esto huele a perfume.
Otra movida inexplicable de la Fiscalía involucra a su máximo responsable, el señor Francisco Barbosa. Abusando de su poder de investigación, un fiscal advirtió al director de la revista Raya que efectuaría un allanamiento con el objeto de recabar información sobre la fuente de una publicación que, dicho sea de paso, dejaba mal parado al ente investigador. En los días previos a esta comunicación, el fiscal general había calificado otra nota de la revista Raya como un intento por “injuriar, insultar [y] mancillar a una institución como la Fiscalía”, con lo que puso en la mira a este medio con el que evidentemente está malquistado.
Barbosa se dice defensor de la prensa, pero lo cierto es que no respeta el ejercicio profesional de todos los periodistas: mientras a Semana la menciona en sus intervenciones, le concede entrevistas y –según dicen– le provee de información, a la revista Raya la amenaza con allanamientos y recaudación de archivos que, olvida el que se dice uno de los mejores abogados del país, están protegidos por la reserva de la fuente y la protección constitucional al trabajo periodístico. Bien lo expresó la Corte Constitucional en Sentencia T-594 de 2017: “estamos ante un derecho fundamental que salvaguarda la facultad del comunicador de negarse a revelar, en general, todos los documentos que componen el material de sus actividades periodísticas (entrevistas, apuntes, escritos, archivos, fichas, videos, audios, etc.), sin la cual el libre ejercicio de su profesión y, más importante aún, la libertad de informar se tornarían nugatorios”. Con estas actuaciones de la Fiscalía, la revista Raya se une a Noticias Uno y a otros periodistas independientes en el grupo –a nuestro juicio, honroso– de medios malqueridos por el señor Barbosa, que casualmente reúne a los mejores comunicadores del país. Por nuestra parte celebramos el trabajo investigativo de Raya, su compromiso con el sigilo profesional y con la verdad, y manifestamos nuestro respaldo en estos tiempos de hostigamiento. Confiamos en que en esta ocasión el tunante no triunfará.
–Pasando la página– Con cada día que pasa se hace manifiesta la desesperación de la oposición con el presidente Petro. Cada vez que los gurús de la derecha predicen días malos para el gobierno, algún acierto obtiene: dicen que Biden está cansado de Petro y al día siguiente se les ve juntos a manteles, que la economía está en crisis y acto seguido se conocen las mejores cifras de empleo en años, que el dólar llegará a 5.000 pesos y ahí sigue bajando. El odio que les produce el primer presidente de izquierda los hace meter las patas a diario y ya ni pena les da.
Para terminar, nosotros sí quisiéramos una explicación, sencilla pero clara, del director de la Policía Nacional en lo atinente a las investigaciones internas por las violaciones a los derechos humanos durante las protestas de 2019 y 2021. Ya es hora de que la ciudadanía conozca si se impuso algún correctivo y si la promesa de justicia para las víctimas del abuso policial es una realidad o devino en quimera. De las personas que perdieron la vista o padecen de traumas físicos y psíquicos sabemos de su existencia, pero las responsabilidades individuales de miembros de la fuerza pública se han probado más opacas. Nuestra confianza en el director Salamanca es absoluta y por ello nos permitimos formularle esta petición.
Adenda: respecto del término “zorrilla”, que fue objeto de controversia al haber sido empleado por uno de los autores de esta columna, transcribimos un comentario del amigo y director de Cuarto de Hora, Urías Velásquez: “lo de usar la palabra ‘zorrilla’ para llamar a los tramposos [viene desde] los autores del Siglo de Oro español”. Por “zorrilla” se hace referencia a una persona tremendamente astuta, ávida de poder, viva y hábil para el engaño y la trampa. La ignorancia y el poco juicio de una masa de internautas hizo merecedor a Germán de reproches, críticas e insultos, creyendo que al usar el término “zorrilla” estaba diciendo algo que jamás pretendió. No hace daño ocupar el tiempo libre en aprender la lengua común.
Adenda del editor: Tuve la oportunidad de trabajar muy cerca de una de las campañas al Senado del hoy Presidente de la República, y sí, doy fe de que él es adicto. Desde tempranas horas del día –todos los días– estaba comunicado con sus colaboradores más cercanos para organizar la agenda, la cual terminaba a altísimas horas de la noche. (Por esa época también se le hacía tarde por estar cumpliéndole a la gente). Y, sí. Puedo asegurar que Gustavo Petro es adicto… ¡pero adicto al trabajo! Me sorprendió por ello la reciente ‘carta’ de la periodista María Jimena Duzán. Un bodrio de esos podría venir de cualquier Dávila o cualquier Vélez, pero no de quien provino, –para muchos– un referente del periodismo. Me uno al jalón de orejas por parte de la célebre María Teresa Herrán, quien “por primera vez desde hace 40 años y más” cuestionó la “no ética” de la señora Duzán. Con dicha ‘carta’, Duzán abrió un gran interrogante, no el que ella pretendía, sino el que se refiere a sus propios intereses… ¿Qué estará buscando María Jimena Duzán & Cia., con tamaña bajeza?
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