El magistrado Luis Guillermo Pérez salvó su voto en el caso del archivo de la investigación por la investigación de ingreso de dineros del “Ñeñe” Hernández a la campaña presidencial de Iván Duque, en un documento de 31 páginas explica uno a uno sus argumentos para estar en contra de la decisión de los otros magistrados, que desistieron de investigar tanto al presidente Iván Duque, como al partido Centro Democrático por el ingreso de dineros de dudosa procedencia y los salvan de cualquier consecuencia.
Los argumentos del magistrado se pueden resumir de la siguiente forma: La comisión no quiso insistir en buscar el testimonio directo de Aida Merlano, que había denunciado la compra de votos en una entrevista desde Venezuela, a la periodista Vicky Dávila de la Revista Semana, conversaciones que transcribe el despacho del magistrado Pérez, tampoco indagan sobre la financiación de la campaña por parte de contratistas del estado colombiano. Lo denunciado por el magistrado es lo siguiente:
Transcripción de parte de la entrevista que hizo el magistrado en su documento:
“Vicky Dávila: ¿qué tiene usted que decir del presidente Duque?
Aida Merlano: primero que Julio Gerlein compro votos para elegirlo, no solamente Julio, sino también la familia Char. Y la familia Char dirigió ante todos los políticos tradicionales que terminaron de alguna manera vendidos a la familia Char, y ya los caciques tradicionales de la Costa se le deben a la familia Char, terminaron comprándole votos para que se eligiera presidente de la República.
VD: ¿y, Duque sabia?
AM: Por supuesto que sabia, se reunió también con Julio
VD: ¿Cuándo y cómo?
AM: Julio todo el tiempo me lo contó, Julio me decía paso anticipado de todas las cosas que iban a ocurrir (…) pero cuando Julio me dice cálmate, me dice, no te preocupes porque con Duque, recuerda que estoy haciendo una gran inversión con él, y apenas él sea presidente, mamita todo se va a solucionar, ten fe porque le hice una gran inversión, no solamente yo, también los Char, y entonces me hablo de sumas millonarias.
VD: ¿cuánto?
AM: Por ejemplo, el, la cuota que invirtió el para la campana de Duque fueron de seis mil millones de pesos, y los Char hicieron una recolecta y entre contratistas que son contratistas del distrito de Barranquilla, aportaron cada uno una cuota, y la familia también.
(…)
AM: Tengo la certeza de lo que Julio entregó, los seis mil millones. Y tengo la certeza de lo que entregó un socio Faisar Cure, porque también entregó tres mil millones para esa campana porque se los debía en comisión a Alejandro Char por unos proyectos que estaban en conjunto o en sociedad con Julio Gerlein. (…)”
Con respecto al tema del José Guillermo Hernández, conocido como Ñeñe Hernández, el magistrado denuncia lo siguiente: “Frente al señor José Guillermo Hernández Aponte, alias el Ñeñe, la Comisión adujo que, si bien quedaba claro que simpatizaba con la campaña presidencial de Iván Duque, no se había podido demostrar que hubiese contribuido o que hubiese conseguido dinero para la misma, y señalaron: “Respecto del señor JOSE GUILLERMO HERNANDEZ APONTE, si bien se demostró que simpatizaba con la campaña del Doctor IVAN DUQUE MARQUEZ, no existe prueba en el plenario que permita demostrar que se consiguió dinero “por debajo de mesa para pasarlo a los departamentos”.
O sea, para la comisión no hubo nada que investigar, aunque el país conoció lo audios de seguimientos legales a la conocida como Caya Daza, hoy en Estados Unidos y otras personas a las que se habla de compra de votos y otros delitos electorales abiertamente. Por ello el magistrado concluye: “A mi juicio esa afirmación lleva a la inexorable conclusión de que esta Corporación avala esos financiamientos prohibidos si “supuestamente” se hacen a espaldas de los candidatos y exgerentes. Es una afirmación peligrosa que sienta un precedente grave en la doctrina de esta Corporación, pues podría convertirse en el argumento de exoneración de responsabilidad de quienes violentan la normativa electoral para permitir el fortalecimiento de sus campañas y luego alegar que nunca conocieron de ningún aporte terminando absueltos, por lo menos desde un procedimiento administrativo sancionatorio.”
También denuncia, Luis Guillermo Pérez, que varias personas que financiaron la campaña de Iván Duque, habían hecho contratos estatales, como la señora Girlesa Gil Arenas quien le donó a la campaña 15 millones en el 2.018 pero que los contratos con el estado en 2.017 fueron por $121,962,000 y sus ingresos totales según declaración de renta $128.294.000, de lo que se concluye que esa donación a la campaña es ilegal porque proviene, casi en su totalidad, de dineros públicos, según el numeral 7° del artículo 27 de la Ley 1475 de 2011. A partir de ahí sus ingresos por contratación pública se disparan así: Año 2.018: $124,180,000, año 2.019: $103,300,000, año 2.020: $124,180,000, y año 2.021: $97,860,000.
Casos similares y en los que hace falta claridad son los de Horacio Lince Calle y la Unión Temporal O & A1. También se presentaron hechos irregulares con donantes al Centro Democrático que no se aclararon. El magistrado dice textualmente: “Al respecto la comisión indagó sobre las circunstancias en que se dieron dichas donaciones, ya que en actas y oficios se encontró que dichas personas jurídicas manifestaron su voluntad de donar para la campaña presidencial de Duque, cuestión que quedo clara como la causa del negocio jurídico de las donaciones. Y estas actas y oficios que transmitían una voluntad inequívoca de los donantes de hacer sus contribuciones a la campaña presidencial, más que indicios constituían una plena prueba de la financiación irregular.”
Por último, analiza la financiación hecha por empresas extranjeras, que la comisión defiende como si fueran nacionales, por el hecho de tener una sucursal en Colombia, pero que el magistrado Pérez considera irregular e ilegal y presenta todos los argumentos de ley.
