Mucho se ha dicho sobre el aumento en las cifras de inseguridad en Bogotá. Aparentemente, los indicadores han bajado, por la pandemia que agobia al país hace 8 meses, pero los delitos definidos como contravenciones ciudadanas como el robo de bicicletas y atracos, siguen presentándose en escalas significativas, que afectan de manera directa a los ciudadanos de los barrios que tradicionalmente no presentaban esos indicadores y cuyos vecinos empiezan a generar estrategias de denuncia para lograr recuperar la tranquilidad de sus localidades. 

 
El fenómeno se agudizó con la pandemia. Varios barrios tradicionales de la ciudad, son ahora refugio de población flotante, desplazados y migrantes que buscan el sustento diario y han encontrado en actividades como el reciclaje una opción para subsistir. El caso del barrio Normandía, de la localidad de Engativá, es uno de ellos, donde la presencia de cientos de recicladores en sus calles, andenes, jardines y bahías de parqueo, le han cambiado el aspecto a la vecindad, generando miedo y zozobra en los ciudadanos que viven y transitan por las avenidas como la 26, cuyo puente ha servido de sitio de estancia para ubicar los cambuches que albergan familias enteras con mascotas.
El puente fue desalojado en un operativo de la policía, la secretaría de seguridad, la secretaría de integración social y la alcaldía local. Sin embargo, regresaron y encontraron en la solidaridad ciudadana, la posibilidad de la ración diaria de comida y de agua que sacan en pimpinelas de las estaciones de gasolina de la localidad. “Al principio las cosas eran con la idea del apoyo social y la compasión por las familias, pero eso se convirtió en obligación y a la brava, empezaron a pedir la ración diaria de comida. Por eso no volvimos a darles más”, cuenta la administradora de un restaurante del barrio. 
 
La comunidad ha acudido a las autoridades pero la situación se ha vuelto crítica:  “Se logró el desalojo del puente de la 26 pero ahora se ubican en los prados de los alrededores con sus cambuches, que contienen muebles, bicicletas, plásticos, cartones, llantas e implementos con los que pueden cocinar y ubicarse semanas enteras en un mismo sitio” relata una vecina de la localidad. La policia ha dicho que se ha confrontado con ellos pero que ahora no es mucho lo que pueden hacer porque cada operativo de desalojo termina en orden público.
¿QUIEN RESPONDE?

La ausencia de una política pública de atención a esta población es evidente. Migrantes y población desplazada deambula por la ciudad sin dios ni ley, y no hay autoridad que logre dominar el crecimiento del fenómeno que aumenta, conforme crece el hambre, el desempleo, la pandemia, la pobreza y la falta de estrategias de atención para reubicar a quienes esperan ayuda del gobierno distrital y nacional. El caso del aumento de migración de venezolanos es preocupante y la ausencia de recursos para atención a las víctimas del conflicto que siguen produciéndose con la gasolina de la guerra en los territorios, son dos focos del problema que deben atacarse de raíz. 
 
Para el caso del barrio Normandía, la comunidad se está organizando para pedir el desalojo definitivo de quienes ahora son sus vecinos. “Muchos están vendiendo las casas porque la inseguridad y los robos aumentaron. Aquí se pagan hasta 10 millones de pesos por predial y parecemos barrio popular, con vivienda VIS y con recicladores por todo el barrio”, comentó una residente del barrio. 
 
Se espera que la alcaldía local, la policía y la alcaldía mayor logren reubicar a estas personas que también tienen su propio drama social y económico: ser víctimas de sistemas y gobiernos que han sido inferiores a sus deberes constitucionales y legales. 

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