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twitter: @UriasV
A lo largo de la historia los regímenes de terror han tenido como una de las estrategias más efectivas el control de la opinión pública. Dime quién controla la información y te diré quién gobierna. Colombia, por supuesto, no ha sido la excepción, ya desde el mismo comienzo de la invasión y saqueo español se advertía esta práctica. El mismísimo Gonzalo Jiménez de Quesada hacía uso de la manipulación, primero para gobernar y, luego, para evitar el escarnio público que suponía su fama de ladrón verificada y comprobada más tarde por la corona.
Para ejercer esa manipulación de la opinión pública los tiranos han usado infinidad de estrategias, dos categorías, particularmente, vale la pena mencionar: las ofensivas y las defensivas.
En las estrategias ofensivas destacan dos tácticas siniestras: la de atacar al medio y la de atacar al periodista: la de atacar al medio consiste en presionarlo, incluso, obligando a su cierre, ejemplos de eso en Colombia varios, mencionemos dos: el cierre temporal de algunos periódicos por parte de Rojas Pinilla y la clausura de la Revista Cambio por –presuntas- presiones de Álvaro Uribe; la táctica de atacar al periodista directamente está compuesta de varios frentes: la persecución policial – que puede llevar al asesinato con participación de agentes del Estado como sucedió con Jaime Garzón-; constituyendo de facto un pacto entre los empleadores para no dar trabajo a aquellos periodistas que hacen oposición; o, el acoso judicial e inclementemente a través la Fiscalía General y de abogados leguleyos: es decir no dejando respirar al comunicador.
Entre las segundas estrategias, las defensivas, tenemos una gran variedad: sobresalen las siguientes: el apoyo a través de pauta a los medios que estén dispuestos a negociar la verdad. En Colombia, buena parte del dinero que reciben los grandes medios proviene de anuncios del Estado; el apoyo del Gobierno a los dueños de esos grandes medios de manera indirecta, por ejemplo, no fijando un impuesto que desincentive el consumo de bebidas azucaradas que generan verdaderas fatalidades sociales en la salud de la población con la consiguiente erosión de los dineros del Estado; o la ya –francamente- descarada de patrocinar periodistas bien sea reencauchándolos en la Casa de Nariño cuando sus carreras profesionales marchitan, asignándoles jugosos contratos a ellas o sus esposos en empresas del estado; o comprándole servicios a las empresas de sus esposas para que las mañana azules hablen maravillas del gobierno.
Prácticas que, de cualquier manera, no son de ahora, todavía en los cerebros de muchos retumba la censura de Nohemí Sanín sobre los medios ese terrible noviembre de 1985 y, por sobre todo, la pasiva manera con que esos medios acataban el silencio impuesto. ¿Les pagaron? Una vez –este periodista que escribe esta nota- intentó preguntarle eso al dizque “maestro del periodismo”: Yamid Amat, pero la censura impuesta por el organizador del foro –La Revista Semana- lo impidió.
Prácticas que, sin embargo, comienzan a aparecer de manera preocupante, ya en días pasados el reconocido activista Beto Coral preguntaba en las páginas de este exitoso periódico digital si cierta periodista, ya en el ocaso de su carrera, recibe dineros por replicar y hacer propaganda rampante del gobierno en sus redes personales. Caso que de probarse, no tendría nada de raro pues ya desde los años en que existía la Unidad Investigativa de El Tiempo, Reyes, Donadío y Samper ponían al país en alerta sobre la nómina paralela de periodistas que el gobierno pagaba.
En todo caso, si -además, de ser cómplice por omisión, y en muchos casos por acción, de los asesinatos de líderes sociales, de activistas por el medio ambiente y de compradores en el día sin IVA ahora en la pandemia de Covid-19- el gobierno de Duque tiene montada una estrategia para comprar medios de comunicación y periodistas será bien difícil saberlo, entre, otras cosas, porque los medios de comunicación colombianos han establecido de “facto” un pacto aberrante de silencio con el que se tapan –como los gatos lo hacen con sus heces- todos y cada uno de los despropósitos que cometen.
De cualquier manera los indicios son francamente preocupantes:
La semana pasada, por ejemplo, la emisora La W, que dirige el señor Julio Sánchez, en la sección denominada: “Qué se estará preguntando María Isabel”. La periodista que lleva el nombre de la sección dio una verdadera catedra de lo que no es periodismo:
A continuación trascribo apartes de la conversación:
“Julio Sánchez Cristo: ¿María Isabel qué se pregunta a esta hora?
María Isabel Rueda: pues Julio, el señor Luis Guillermo Pérez Casas nació en Libano, Tolima, está elegido en el Consejo Nacional Electoral para el periodo 2018 – 2022, es abogado de la Universidad Nacional y ha sido defensor de; derechos humanos, según reza su hoja de vida en google, durante 30 años, y fue presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo; y fue secretario y representante ante la OEA de una cosa que se llama la ONG Federación Internacional de Derechos Humanos, uno de los temas que más ha ocupado dentro de esa línea es la investigación en el impacto de los acuerdos de libre comercio en los derechos humanos.
Ha sido profesor de la ESAP y de la universidad del Tolima, y sí empiezo contando el perfil del quien es el magistrado Pérez Casas, es porque circula un trino que reza lo siguiente “Sr Iván Duque le reconocemos récord mundial por muertes, asesinatos de defensores de la naturaleza, exterminio sistemático de líderes sociales y de defensores de derechos humanos, destrucción de acuerdo de paz, profundiza la corrupción y las desigualdades, hace méritos ante el International Criminal Court, que supongo que es la Corte Penal Internacional”.
Pregunta Julio: ¿qué relación tiene ese trino feroz contra el presidente Duque, con las funciones que más bien debería estar ejerciendo el Magistrado en el Consejo Nacional Electoral, que tiene como función la suprema inspección y vigilancia de la organización electoral?
El país sigue esperando que nos cuente ese organismo por las relaciones de Odebrecht con la campaña Santos, por las de la ñeñe política con la campaña Duque, por las chuspas de Petro contando plata clandestinamente en la casa de un hoy fugitivo y este Magistrado está concentrado en acusar a Duque sin pruebas, desde luego, de toda clase de atrocidades posibles, ¿no está en el lugar equivocado? ¿No estaría más cómodo más bien haciendo política en algún partido de oposición? porque hay lo que tenemos es a simple vista a un agitador político Julio, disfrazado con una toga de magistrado, así como hay clientelistas disfrazados de magistrados.“
No es necesario ser periodista para entender que el magistrado en mención estaba simplemente dando una opinión, tal y como se lo garantiza el artículo 20 de la Constitución Nacional que versa así: “se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial…”
Ahora bien, de acuerdo al cuerpo y propósito de este artículo las preguntas relevantes son: ¿la señora María Isabel le estaba haciendo un mandado al gobierno de Duque? Y de ser así: ¿recibió un pagó? ¿O simplemente fue una renuncia a la ética de la profesión periodística y una adhesión política ad-honoren al uribismo? Adhesión que, de ser la respuesta, no sería más que un refrito, pues todo el país bien sabe de las afecciones políticas de la señora, pero más allá de eso, de su odio enfermizo e infundado contra quienes, como el magistrado Luis Guillermo Pérez, osan tener y expresar pensamientos diferentes al suyo.

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