Foto. PARES

 

Por:

Mancuso fue uno de los principales directivos de los grupos paramilitares organizados en las Autodefensas Unidas de Colombia que comandaron los hermanos Castaño.

Mancuso fue desde los años 90 un protagonista principal de las masacres, desapariciones, despojos y desplazamientos de millones de campesinos en los territorios de la Costa caribe y en el Catatumbo, en la frontera con Venezuela.

Participo y condujo sanguinarios frentes paramilitares en Cordoba, Montes de Maria, Magdalena, Cesar y Catatumbo.

Fue artífice de pactos con generales del ejército, con senadores, con ganaderos y con funcionarios públicos para utilizar el Estado y sus instituciones con el fin de favorecer la imposición de modelos de desarrollo agroindustriales, mineros y urbanos

 

Las razones de la JEP para rechazar a Salvatore Mancuso

La decisión concluye que el expara, preso en EE. UU., fue miembro orgánico de grupos paramilitares.

Salvatore Mancuso quedaría en libertad el 27 de marzo de 2020, pero permanece recluido en la cárcel federal de Atlanta.

Por: Justicia 04 de junio 2020 , 09:11 p.m.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció este jueves que se rechazó, en primera instancia, el sometimiento del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien pretendía ser aceptado por esa justicia como tercero civil en el conflicto, dado que los paramilitares no tienen pista dentro de la JEP en calidad de excombatientes.

La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad concluyó que Mancuso fue combatiente de los paramilitares y que no se demostró que, antes de serlo, hubiera tenido el rol de tercero civil financiador o auspiciador de estos grupos.

 

Coronel (r) Borja anotó cada uno de sus más de 50 ‘falsos positivos’

Mancuso aseguraba, en su solicitud, que entre 1989 y 1997, antes de vincularse a las recién creadas Autodefensas Unidas de Colombia de las que llegó a ser su último comandante, había ejercido el rol de colaborador o financiador, desde su rol como ganadero de Córdoba.

No obstante, para los magistrados de la Sala, durante esos años Mancuso fue “miembro orgánico de la estructura criminal, desarrollando una función continua de combate”. Por lo tanto, la información revisada en la decisión apunta a que participó directamente de las hostilidades.

A esta conclusión llegaron también tras analizar los procesos de justicia ordinaria y de Justicia y Paz, así como investigaciones extrajudiciales como las del Centro de Memoria Histórica. “Todas ellas confirman que su participación en el conflicto armado interno entre 1989 y 1997 constituyó lo que en el Derecho Internacional Humanitario se llama una función continua de combate”, afirma la JEP.

Sin embargo, la decisión suscitó discusión en la JEP. De los siete magistrados a cargo, cuatro votaron a favor de rechazar el sometimiento. De estos, dos presentaron aclaración de voto. Los tres restantes presentaron salvamento de voto.

En la propia solicitud de Mancuso se afirmaba que este patrulló con miembros del Ejército, antiguos guerrilleros y otros combatientes, portando armas largas. Además, que participó en acciones armadas con fines contrainsurgentes que fueron más allá de la financiación o de aportar información.

Por lo tanto, la JEP decidió que los crímenes cometidos por Salvatore Mancuso Gómez no son de su competencia.

La defensa de Mancuso aseguró que este fue colaborador del Ejército, como informante, en 1989 y que recibió entrenamiento del mayor del Ejército Walter Fratini Lobacio, comandante del batallón de contraguerrilla de la IX Brigada del Ejército.

No obstante, también aseguró que el entonces ganadero participó de patrullajes contrainsurgentes ilegales, junto a Frantini y otros soldados y exguerrilleros. Como comandante del “grupo especial”, Mancuso no solo dio dinero e información para actividades ilegales, sino que participó en la ejecución de operaciones armadas.

Tras la muerte de Frantini, Mancuso asumió el mando del grupo. Luego, en 1994, conoció a los hermanos Fidel y Carlos Castaño Gil. Para ese momento, estos ya comandaban las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, a las cuales se unió Mancuso en 1995. A partir de entonces, preparó la creación del Bloque Norte de las Autodefensas.

Todo este recuento, para la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP, indica que Mancuso no fue un civil que apoyó grupos armados ilegales, sino “un miembro orgánico de los nacientes grupos y, por lo tanto, excluido de la competencia constitucional de la JEP”.

Tras el proceso de Justicia y Paz, Mancuso fue extraditado a Estados Unidos para purgar una pena por narcotráfico. Su salida de prisión se presupuestaba para el pasado 27 de marzo, pero debido a la crisis del coronavirus, del que de hecho él se contagió, se ha retrasado.

Por: Justicia 16 de junio 2020 , 12:34 a.m.

De los siete magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que participaron en la decisión sobre aceptar o no el sometimiento del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, tres salvaron su voto, es decir, no estuvieron de acuerdo con la decisión.

Uno de ellos fue la magistrada Nadiezhda Henríquez, quien es relatora del caso 04 de la JEP, sobre la situación territorial del conflicto armado en Urabá, para el cual podía considerarse que Mancuso podía aportar en el esclarecimiento de hechos del conflicto.

Defensa de Mancuso apela decisión de la JEP de no aceptarlo

Las razones de la JEP para rechazar a Salvatore Mancuso

Además de la magistrada Henríquez, los magistrados Óscar Parra y Belkis Izquierdo también se opusieron a rechazar a Mancuso. Su posición quedó sentada en un documento de 10 páginas con fecha del pasado 10 de junio.

Los magistrados Parra e Izquierdo están de acuerdo en que Mancuso no podía ser aceptado en la JEP por su rol como paramilitar, pero consideran que sí se le podía aceptar bajo la figura de tercero civil, en el periodo anterior a su ingreso pleno a los grupos paramilitares creados por los hermanos Castaño Gil.

“Era posible aprovechar el esclarecimiento de verdad que ofreció aportar como tercero civil, excepcionalmente en el marco del caso 04, que conoce de la región de Urabá, priorizado por la Sala de Reconocimiento de esta Jurisdicción y durante el periodo en el que el solicitante no pertenecía a estos grupos armados”, se lee en el documento de los magistrados de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP.

Sin embargo, este argumento choca con el que fue mayoritario en la decisión de rechazar a Mancuso: que incluso en el periodo anterior a que este ingresara a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, en 1997, y a las Autodefensas Unidas de Colombia, en 1998, Mancuso no actuó como un civil financiador o auspiciador de las autodefensas, sino como un combatiente de grupos irregulares que fueron germen del aparato paramilitar.

Al respecto, aseguran el magistrado Parra y la magistrada Izquierdo, la Sala hizo una “valoración incompleta de lo aportado por el solicitante” Mancuso, por tres razones. La primera es que se toma como referencia de su participación en el conflicto sus últimos años hasta la desmovilización paramilitar, “sin embargo, esta participación no necesariamente implica que todo su involucramiento en el conflicto se haya dado bajo esa condición”, dicen.

La segunda razón es que para llegar a su conclusión, la Sala de la JEP se concentró en lo avanzado por Justicia y Paz, “cuyo énfasis ha estado en el aparato militar, dejando para la justicia ordinaria el estudio de máximas responsabilidades civiles, tales como financiadores y promotores”. Los magistrados disidentes de la decisión de rechazar a Mancuso aseguran que esto tiene como consecuencia que hay elementos relevantes para la JEP que “no son visibles en las fuentes judiciales analizadas”.

En tercer lugar, consideran que “la mayoría de la Sala supone que una condición es incompatible con la otra, por lo que desconoce la jurisprudencia de la Sección de Apelación señalada que permite la existencia de pluralidad de roles en el conflicto”, en referencia a los roles de civil y combatiente que una persona hubiera podido ostentar en el conflicto.

La Sala de Reconocimiento no podía desaprovechar la oportunidad de propiciar el esclarecimiento de verdad que ofrecía el solicitante como tercero civil

Los magistrados Parra e Izquierdo señalan la dificultad de la decisión que tenían en sus manos, y sugieren que el proceder no fue el más adecuado, “sin adelantar la toma de un testimonio o de entrevista al señor Mancuso, ni contar con el nivel de participación de las víctimas en la discusión”, aseguran.

Los magistrados recogen lo dicho por la Sección de Apelación, que es la instancia de cierre en la JEP, en el sentido de que respecto al aporte a la verdad “el acogimiento excepcional de un paramilitar a la JEP como tercero colaborador o financiador no depende del status que ostentó como militante, sino de la trascendencia del aporte a la verdad que pretenda realizar”.

Posteriormente, los magistrados explican que, si bien la JEP solo puede imputar penalmente a miembros de las antiguas Farc, de la Fuerza Pública o a terceros que se hayan sometido voluntariamente, en casos como el de Urabá, la labor de esclarecimiento de los patrones de macrocriminalidad va más allá de esos actores.

“En estos territorios confluyeron varios actores armados y su existencia y mantenimiento, así como la degradación del conflicto armado, respondió no solo a las acciones de cada uno de los grupos armados individualmente considerados (Farc-EP y Fuerza Pública), sino también a la interrelación de estos entre sí y con otros grupos armados (Auc, Eln, Epl, etc.), sus redes de apoyo, los informantes, así como a los terceros que contribuyeron a la persistencia del conflicto”, argumentan Parra e Izquierdo.

Mineros de El Topacio: 32 años de una masacre que continúa impune

También aseguran que si la conclusión de la Sala es que entre 1994 y 1997 Mancuso perteneció a otros grupos armados, se hubiese podido acotar el periodo en el que el excomandante paramilitar habría tenido el rol de civil financiador o auspiciador.

“Consideramos que la Sala de Reconocimiento no podía desaprovechar la oportunidad de propiciar el esclarecimiento de verdad que ofrecía el solicitante como tercero civil, por más corto que este fuere, si esto contribuye a los fines de la investigación del Caso 04, por tratarse de un caso ya priorizado por la Sala de Reconocimiento, que se ocupa justamente de la región de Urabá”, dicen Parra e Izquierdo, y luego llaman la atención de que no se trata solo del caso de Urabá, sino de otros que eventualmente sean abiertos y en los que el testimonio de Mancuso pudiera ser relevante.

Aunque los magistrados no lo señalan, por Justicia y Paz se conoce que Mancuso tuvo una participación determinante en el accionar paramilitar a lo largo de la costa Caribe (no solo en Urabá) con el bloque Norte, así como en Norte de Santander, con el bloque Catatumbo, siendo estos algunos de los principales, pero no los únicos.

Como informó EL TIEMPO, la defensa de Mancuso apelará la decisión de la Sala sobre el último comandante de las Auc y quien permanece en Estados Unidos, pese a haber terminado de pagar su condena allí, por causa de las restricciones del coronavirus. Sin embargo, aseguran que hasta ahora no han sido notificados de los salvamentos y aclaraciones de voto en esta decisión.

Por lo tanto, será tarea de la Sección de Apelación de la JEP cerrar esta discusión y tomar una decisión que podría reafirmar el rechazo o, al contrario, alinearse con las posiciones por las que los magistrados Parra e Izquierdo no estuvieron de acuerdo con no recibir a Mancuso.

Defensa de Mancuso apela decisión de la JEP de no aceptarlo

Está a la espera de conocer los salvamentos y aclaraciones de voto de la Sala que lo rechazó.

Salvatore Mancuso habría quedado en libertad el pasado 27 de marzo, pero sigue recluido en la cárcel federal de Atlanta.

La defensa del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso informó este martes a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que apelará la decisión tomada por esa justicia, el jueves de la semana pasada, en la que negó aceptarlo como compareciente bajo la figura de tercero civil financiador de grupos armados.

Las razones de la JEP para rechazar a Salvatore Mancuso

Sin embargo, según conoció este medio, la defensa no ha sustentado su decisión debido a que, aunque fue notificada de la decisión de la JEP, no ha recibido el fallo completo, junto con los salvamentos y las aclaraciones de voto de los magistrados de la Sala de Reconocimiento de Verdad.

Como contó EL TIEMPO, la decisión de rechazar a Mancuso tuvo una reñida votación. De siete magistrados, cuatro apoyaron la decisión de rechazarlo: Julieta Lemaitre, Catalina Díaz, Iván González y Alexandra Sandoval. Estos dos últimos, con aclaración de voto.

Los tres restantes, Óscar Parra, Belkis Izquierdo y Nadiezhda Henríquez, salvaron su voto, es decir, no estuvieron de acuerdo con la decisión.

De hecho, la magistrada Henríquez, quien había sido sustanciadora del proceso de sometimiento de Mancuso, había presentado ponencia favorable a recibirlo a inicios de abril, pero esta fue derrotada en la votación de la Sala y por ello la ponencia negativa quedó a cargo de la magistrada Lemaitre.

Por lo tanto, para la defensa del exjefe paramilitar, recluido en la cárcel de Atlanta, en Estados Unidos, es importante conocer los argumentos de quienes creían que sí debía recibirse a Mancuso en la JEP.  Esto para sustentar su apelación, la cual tendrá que conocer la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz.

Los magistrados que votaron con aclaración de voto o que lo salvaron tienen 10 días hábiles para presentar sus argumentos, que se cumplirían el próximo lunes 15 de junio.

En la decisión mayoritaria, la JEP argumentó que antes de 1998, cuando Mancuso habría ingresado a las Autodefensas Unidas de Colombia, no tuvo el rol de tercero civil, sino que fue combatiente, es decir, que tuvo “función de combate permanente” al integrar grupos de seguridad privada en alianza con miembros de la Fuerza Pública, para realizar supuestas operaciones contrainsurgentes en Córdoba y Urabá.

Las razones por las que tres magistrados creen que Salvatore Mancuso debía entrar a la JEP

Los juristas dicen que el deber de la JEP es esclarecer la verdad no sólo en relación con las antiguas Farc y la Fuerza Pública, sino también develar las redes de apoyo de otros grupos armados, las fuentes de financiación, las circunstancias políticas, sociales e históricas que posibilitaron la comisión de los delitos y las dinámicas que llevaron a que el conflicto persistiera.

Mancuso, quien este año terminará de pagar su condena por narcotráfico en Estados Unidos, pidió pista en la JEP desde abril de 2018.

Mancuso, quien este año terminará de pagar su condena por narcotráfico en Estados Unidos, pidió pista en la JEP desde abril de 2018.

Rechazar el ingreso del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso como un tercero civil, es decir, como una persona que apoyó, auspició o financió el conflicto armado, fue una decisión compleja para la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para Paz (JEP). Los seis magistrados que la componen estaban divididos, así que tuvieron que llamar a otro juez para que zanjara la discusión. Al final, cuatro togados votaron a favor de negar el sometimiento, argumentando que Mancuso siempre ha sido un paramilitar y no hay pruebas para determinar que antes de estar en las filas de este grupo armado fue un financiador de la guerra. Los tres magistrados restantes presentaron salvamento de voto.

El salvamento de voto es un documento judicial en el que un magistrado deja consignadas las razones por las que se aparta de la decisión de la mayoría sobre un caso en estudio. Colombia2020 conoció los salvamentos de los togados Óscar Parra Vera, Nadiezhda Natazha Henríquez Chacín y Belkis Florentina Izquierdo Torres, para quienes el rechazo de Mancuso a la JEP es un grave error, porque se le da la espalda a verdades que aún desconocen otras instancias judiciales sobre los terceros civiles y, principalmente, en la zona de Urabá.

La decisión, de primera instancia, la tomó la Sala de Reconocimiento con el argumento de que entre 1989 y 1997 era “miembro orgánico de la estructura criminal, desarrollando una función continua de combate”, no un tercero civil, financiador de la guerra. Mancuso, quien ya pagó su condena en Estados Unidos por narcotráfico, llegará próximamente al país.

JEP le cierra sus puertas al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso

La Jurisdicción Especial para La Paz le negó la posibilidad al exjefe paramilitar de ser juzgado en este tribunal. Mancuso pidió someterse para contar su verdad como financiador del conflicto. #Mancuso #JEP #AcuerdodePaz

Salvatore Mancuso: ¿Por qué no entró a la JEP?

Dos ganaderos de Ituango seguirán presos por el homicidio del presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia. Sigue pendiente la pesquisa contra funcionarios y militares.

En firme condena por el crimen de Jesús María Valle

La primera en enviar su salvamento de voto fue Nadiezhda Henríquez. En 20 páginas, la magistrada intentó demostrar que las actividades ilegales cometidas por el exparamilitar entre 1989 y 1994 no se realizaron en calidad de combatiente de un grupo armado ilegal. Para Henríquez Chacín, la línea de tiempo de la vida de Mancuso, realizada por la Sala de Reconocimiento, presenta inconsistencias, pues se asumió que participó en la fundación de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) en 1991, y luego se unió a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en 1997.

De acuerdo con Henríquez, la Sala se contradijo al afirmar que Mancuso hizo parte de la fundación de ese grupo de autodefensas en ese año, aún cuando una investigación del Centro Nacional de Memoria Histórica y varias consideraciones de la JEP datan el inicio del grupo paramilitar cuatro años después, es decir, en 1995.

La togada planteó que la línea de tiempo correcta sería: entre 1989 y 1992, Salvatore Mancuso se desempeñó como ganadero, comerciante, informante del Ejército, financiador de operaciones contraguerrilleras y participaciones esporádicas en operaciones militares sin tener ningún cargo de comandancia; entre 1993 y 1994, comenzó el periodo de comandancia de un grupo de autodefensa creado en alianza con el entonces mayor Walter Fratini, con quien financiaban interceptaciones a la guerrilla y participaban en operativos militares; en1993, con la muerte del militar, Mancuso siguió liderando el grupo de autodefensas con otros ganaderos de Córdoba, hacendados y exmilitares de la brigada de la región. Finalmente, en 1995, se vinculó a las Accu. Desde esa fecha hasta 2004, lideró al Estado Mayor de las Auc y comandó los Bloques Norte y Catatumbo.

Según esta teoría, entre 1989 y 1991, Mancuso sí habría sido tercero civil financiador del conflicto armado, porque en ese lapso habría apoyado actividades como la compra de radios de comunicación a un grupo de ganaderos de la región. También, se habría desempeñado como informante del Ejército y habría recibido capacitación del Batallón de la zona.

Henríquez agregó que, bajo los preceptos del Derecho Internacional Humanitario (DIH), “el criterio decisivo para que exista la calidad de miembro en un grupo organizado es que una persona asuma una función continua para el grupo y que esa función comprenda su participación directa en las hostilidades”, lo que se conoce como criterio de pertenencia. La decisión mayoritaria de la Sala, insistió, “optó por relacionar, sin aplicar distinción, todas las conductas desplegadas por Mancuso Gómez durante el período de 1989 a 1994 a una vinculación orgánica al grupo armado organizado, grupo que valga reiterar, aún no existía”.

En cambio, entre 1994 y 1997, según la togada, sí perteneció a las Accu y las Auc. Con este panorama, la Sala debió aceptar el sometimiento como tercero civil solo entre 1989 y 1994: “Era menester que la Sala de Reconocimiento, a pesar que el solicitante de comparecencia hubiese extendido dicho periodo hasta 1997, analizar las pruebas recabadas y aportadas y reducir el lapso de comparecencia”.

Con este argumento estuvieron de acuerdo Parra e Izquierdo, quienes, también alineados con Henríquez, señalaron en un mismo salvamento que la verdad que Salvatore Mancuso Gómez habría podido dar a la JEP es de suma importancia para el desarrollo del caso 04, sobre victimizaciones en la región de Urabá. Debe ser la JEP, como una entidad transicional, la que propicie los escenarios para que la verdad llegue a las víctimas y así se garanticen sus derechos.

“Consideramos que la Sala de Reconocimiento no podía desaprovechar la oportunidad de propiciar el esclarecimiento de verdad que ofrecía el solicitante como tercero civil, por más corto que este fuere, si esto contribuye a los fines de la investigación del Caso 04, por tratarse de un caso ya priorizado por la Sala de Reconocimiento, que se ocupa justamente de la región de Urabá. O de no considerarse viable, podría pensarse en recurrir a otras figuras que permitan escuchar el esclarecimiento a la verdad del señor Mancuso Gómez durante este periodo”, manifestaron.

Los magistrados también coincidieron en que el análisis que hizo la Sala no tuvo en cuenta testimonios ni entrevistas con Mancuso, quien en estos momentos está en Estados Unidos y no ha podido contactarse directamente desde la cárcel americana con la magistratura. Tampoco se dialogó con sus víctimas, quienes debieron tener “un mayor nivel de participación”, de acuerdo con Parra e Izquierdo. Tomar una decisión de semejante envergadura, expresaron, puede “ser un proceder que no sea el más adecuado en los casos difíciles de la justicia transicional”.

Henríquez, por su parte, advirtió que hubo una vulneración al debido proceso con respecto a la suscripción del compromiso concreto, programado y claro de Mancuso, debido a que “se desestimó sin mayores elementos argumentativos la importancia de la realización de un test de aporte a la verdad”, que fue creado por la Sección de Apelación, justamente, para que el tercero civil que se quiere acoger a la JEP demuestre que sí fue un auspiciador o financiador y que la verdad que revelará no ha sido contada en otras instancias judiciales.

La solicitud de Mancuso, añadieron Parra e Izquierdo, se asumió en el momento en el que aún no se había definido el test de aporte a la verdad, al cual se acude “en asuntos excepcionalísimos de competencia respecto a antiguos miembros de grupos paramilitares”. A su juicio, “dicho test impacta en el sentido y alcance de la intervención de la Sala”, que desconoció lo que, hasta ahora, ha construido la Sección de Apelación acerca de la pluralidad de roles en el conflicto armado.

Finalmente, los togados en su salvamento hicieron referencia a la importancia de escuchar la verdad de los terceros que, hasta el momento, ha sido muy poco estudiada: “Consideramos que la JEP debe hacer un esfuerzo importante por esclarecerla, sin vulnerar el principio del juez natural, tal como lo advirtió la Corte Constitucional cuando indicó que su sometimiento a la Jurisdicción únicamente podría darse de forma voluntaria. Pero sí le corresponde a esta Jurisdicción hacer un esfuerzo especial adicional, sobre todo en el marco de los casos priorizados por la Sala de Reconocimiento, como el Caso 04”.

Los juristas llaman la atención sobre el deber de la JEP de esclarecer verdad no sólo en relación con las antiguas Farc y la Fuerza Pública en un territorio o periodo determinado, sino también “develar las redes de apoyo de los grupos armados, las fuentes de financiación, las circunstancias políticas, sociales e históricas que posibilitaron la comisión de los delitos y las dinámicas que llevaron a que el conflicto persistiera”.

Ahora, Salvatore Mancuso tiene la opción de impugnar la decisión. En ese caso, será la Sección de Apelación quien dé la última palabra sobre su caso y, una vez más, esclarezca el camino que pueden tomar los paramilitares que en algún momento tuvieron un rol de terceros civiles dentro de esta justicia.

 

Leave a Reply